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"Es un imposible jurídico desde el momento en que la decisión del TC ha sido considerada inconvencional”, afirmó el juez.
El juez del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, Manuel Monteagudo, calificó este miércoles de "un imposible jurídico" la resolución emitida durante la víspera por el ente, que ordena la excarcelación del exdictador Alberto Fujimori.
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"Es un imposible jurídico desde el momento en que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido considerada inconvencional. Esto no podría ser", afirmó el magistrado a medios nacionales.
En cambio, el presidente del TC, Francisco Morales, apuntó que se debe proceder con la excarcelación “inmediata” de Fujimori pese a la orden establecida el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que impide la liberación del exmandatario.
#ULTIMO @CorteIDH le otorga al Estado peruano 6 días de plazo para que emita un Informe sobre el asunto del indulto humanitario concedido al condenado #Fujimori y le recuerda que está vigente la obligación de abstenerse de liberarlo. pic.twitter.com/4FzRr6oGFI
— Carlos Rivera Paz (@IDL_Rivera) November 30, 2023
Monteagudo destacó que el TC examinó un indulto otorgado en 2017 y no la situación actual del ex jefe de Estado, quien, subrayó, “ha sido condenado por un delito gravísimo y ahí hay una ponderación que se tiene que hacer”.
En este sentido, resaltó las denuncias presentadas por las víctimas, las cuales constituyen la base de la orden de la CorteIDH, que llamó a las autoridades peruanas a abstenerse a cumplir el fallo del TC.
Las resoluciones de la @CorteIDH son inimpugnables. El estado se ha comprometido a su cumplimiento general, y en el caso concreto de Barrios Altos y La Cantuta existe declaración expresa de Perú, ante la @CorteIDH, de abstenerse de ejecutar la sentencia @TC_Peru sobre Fujimori
— Ronald Gamarra (@ronaldgamarra) November 30, 2023
A partir de ello, la CorteIDH le dio al Estado peruano un plazo de seis días para emitir un informe sobre el tema del indulto humanitario mientras recordó que permanece vigente la obligación de abstenerse a excarcelarlo.
Tras el fallo del TC, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) afirmó que el Poder Ejecutivo ratifica que de acuerdo al mandato del artículo 118, inciso 9 de la Constitución Política, “está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.
