En la localidad de Porto Alegre, Brasil, se avaló una "Ley Antivandalismo" para detener las manifestaciones en apoyo al dirigente político Lula da Silva.
La Cámara de Porto Alegre aprobó un proyecto de ley que prevé sancionar con hasta 120 mil dólares a quien "entorpezca o impida, por cualquier medio, el libre tránsito de peatones o vehículos".
De acuerdo con medios locales, la "Ley Antivandalismo", promulgada por el alcalde de la localidad, Nelson Marchezan Júnior, busca barrer las manifestaciones que tienen lugar en apoyo al expresidente Lula da Silva.
La propuesta también crea la posibilidad de que las multas sean emitidas a partir de denuncias hechas por cualquier ciudadano, por Internet o por teléfono.
A 1 mes de recibir protestas en defensa de la candidatura de Lula frente al Tribunal que lo juzgará, la Cámara de Porto Alegre aprueba ley que multa con hasta U$120mil a quien “entorpezca o impida, por cualquier medio, el libre tránsito de peatones o vehículos” pic.twitter.com/1eEHXnVWOI
— Nacho Lemus (@LemusteleSUR) December 23, 2017
Según una encuesta difundida en noviembre pasado, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), lidera la intención de voto entre el electorado con un apoyo del 42 por ciento.
A mediados de año, Da Silva fue condenado por el juez federal Sergio Moro a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción y lavado de dinero, y se espera que en enero de 2018 se emita la sentencia final.
A esto, el que aspira volver a ser presidente del Brasil respondió que el juez Sergio Moro, responsable de Lava Jato, "miente" para dejarlo fuera de las elecciones de octubre de 2018. El proceso judicial es muy parecido a lo que le sucede a Cristina Fernández, en Argentina.
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"Creo que hay muchas semejanzas (…) Cristina es víctima de una situación muy semejante a la que está ocurriendo acá en Brasil, y no solo en Argentina y Brasil, esto está ocurriendo en Honduras… es una cosa muy latinoamericana ese comportamiento de la Justicia y la policía, es algo que merece un estudio", dijo.
Lula aseveró que "estamos viviendo una anomía jurídica. Este proceso comenzó con una mentira publicada por la prensa, esa mentira fue transformada en investigación por la Policía, la investigación mentirosa fue aceptada por la Procuraduría que la convirtió en una denuncia mentirosa aceptada por Moro".
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