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El presidente paraguayo Abdo Benítez objetó totalmente el proyecto, a pesar de haber sido aprobado por el Senado en julio pasado.

El presidente paraguayo Abdo Benítez objetó totalmente el proyecto, a pesar de haber sido aprobado por el Senado en julio pasado. | Foto: EFE

Publicado 30 agosto 2022 (Hace 20 horas 5 minutos)



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Varios sectores claves para la economía paraguaya recomendaron frenar el proyecto de criptominería aprobado por el Senado en julio pasado.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, objetó el lunes un proyecto de ley para aceptar la minería de criptomonedas en su país como actividad industrial.

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El decreto presidencial veta en su totalidad el proyecto de ley número 6962/2022 que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre estos.

La criptominería “se caracteriza por su alto consumo de energía eléctrica, con uso intensivo de capital y escasa utilización de mano de obra”, señala el decreto con asesoría de la Administración Nacional de Energía Eléctrica (Ande).

De acuerdo con el concepto, “corresponde caracterizarlo como consumo electro intensivo y no como consumo industrial debido a que no genera un valor agregado, sino más bien constituye la prestación de un servicio de registro y validación de transacciones”, agrega el documento.

En este mismo sentido, el Ministerio de Industria y Comercio opinó que la actividad exige “una cantidad significativa de energía que puede comprometer el desarrollo y la expansión de una industria nacional inclusiva y sostenible”.

La propuesta buscaba establecer una tarifa para la minería de criptoactivos no superior al 15 por ciento de la tarifa industrial vigente, al igual que el otorgamiento de permisos de hasta cinco años para los proveedores de servicios y gestores de activos digitales, la imposición de sanciones a infractores, entre otras disposiciones.

Varios sectores claves para la economía paraguaya recomendaron el freno del proyecto aprobado por el Senado el pasado julio, incluyendo el Banco Central, porque según ellos no califica en la categoría de industrias beneficiadas con tarifas diferenciadas.

Por su parte, instituciones de derechos humanos y desarrollo sostenible aplauden la decisión del presidente Benítez, pues resulta una “ley que podría criminalizar usuarios, impactar en el ambiente y desincentivar la innovación”.


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