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La reforma fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis y obliga a los empresarios con más de 25 trabajadores a comprobar sus estatus migratorio.
El Gobierno de México rechazó este sábado la ley antiinmigrante SB 1718, que persigue y castiga a los inmigrantes indocumentados y a quienes le ofrezcan ayuda en el estado de la Florida, en Estados Unidos, y que entró en vigor en esta jornada.
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La reforma fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis y obliga a los empresarios con más de 25 trabajadores a comprobar sus estatus migratorio en la base de datos E-Verify, y de no hacerlo, serán multados con hasta 1.000 dólares.
Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del país azteca, expresó que "la SB 1718 afectará los derechos humanos de miles de personas, niñas y niños mexicanas exacerbando ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de la comunidad migrante”.
��El Gobierno de México externa su rechazo y preocupación ante la ley antiinmigrante SB1718 en Florida.https://t.co/x54iI3hltt pic.twitter.com/eAzxEQo2cM
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 1, 2023
La SER destaca que el problema de los inmigrantes indocumentados no se resolverá a través de la criminalización.
"Políticas de esta naturaleza también tienen un fuerte impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues evidencian la renuencia de ciertos actores para identificar soluciones conjuntas que inviten a la colaboración”, afirma el Gobierno mexicano.
Asimismo, indica que México empleará todos los recursos que estén a su alcance en la defensa de “los derechos y dignidad de las personas mexicanas en Florida”, para lo cual “identificará y registrará posibles casos de violaciones de los derechos de connacionales mexicanos”.
Por su parte, organizaciones en defensa de los inmigrantes convocaron en esta jornada a una Convención de Migración México, Centro y Sudamérica, para definir estrategias y objetivos contra la SB 1718 y las políticas de Ron DeSantis.
La ley SB1718 destina 12 millones de dólares para trasladar inmigrantes indocumentados a otros sitios de Estados Unidos, exige la obtención de muestras de ADN de los indocumentados detenidos con una orden federal, prohíbe emitir identificaciones comunitarias y comprar terrenos a los inmigrantes chinos en el estado de Florida.
