La reclamación venezolana del territorio Esequibo, un símbolo de soberanía y equilibrio del mundo

“Este bello y rico país se extiende por la Mar del Norte desde el río Esequibo, o confines de la provincia de Guayana, hasta el río de las Culebras que la separa de Guatemala”. Del memorándum presentado por el Ministro Plenipotenciario de Gran Colombia, José Manuel Hurtado, al Gobierno de Su Majestad Británica —1824.

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Las huellas de quienes caminan juntos

El territorio Esequibo frecuentemente aparece en los mapas venezolanos como "Zona en Reclamación". Fue desde un principio controlado por el imperio español. Sólo una pequeña parte de ese territorio fue traspasado por los españoles a los holandeses; y más tarde esa porción cedida a los británicos. Durante la colonización su extensión era aún mayor a los casi 160.000 kilómetros (km) del posterior despojo de 1899 y ya para 1830, al separarse la gran Colombia, el río Esequibo era aceptado como límite natural de la República de Venezuela, reconocimiento que duró hasta que la ambición británica fue desatada, por encontrar vetas de oro en yacimientos superficiales del mineral en la cuenca del río Yuruary.

Mediante un tratado con los Países Bajos, Londres -que en 1814 había adquirido apenas una pequeña parte - no tenía definida su frontera occidental. La ambición británica de aquel imperio le llevó a contratar al “explorador” Robert Schomburgk, un botánico prusiano, quien definió lo que se llamaría la primera línea  "Línea Schomburgk" luego extendida en sus mapas de un modo arbitrario -sin consultar con el Gobierno venezolano- para servirle al Reino Unido de Gran Bretaña decenas de miles de kilómetros cuadrados (km2) adicionales. A tenor de ello y a su conveniencia colonizadora, Gran Bretaña modificó los mapas, con la manifiesta intención de trazar una cuarta línea demarcadora en un plano que se publicó en Londres, a partir del cual, el Imperio británico pretendió anexarse 141.930 km2, hasta la población venezolana de Upata, integrada para 1840 al sureste del país. En 1841, ya el Gobierno venezolano del general José Antonio Páez (1790-1873), presidente en tres períodos -también en este contexto (1839-1843)- denunció una incursión por parte del Imperio británico en el territorio venezolano al oeste del río Esequibo.

Así Venezuela buscó por años el respaldo de Estados Unidos (EE.UU.), una potencia emergente para que se pusiera del lado de Venezuela. Con la "América para los americanos": la Doctrina Monroe -autoría de John Q. Adams y atribuida al presidente James Monroe- fue creada en 1823 “en rechazo al imperialismo europeo”. Estableció que la intervención de éstos, sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América.

Esta intervención dio lugar a intercambios entre Londres y Washington que dio paso en 1897 a la firma del Tratado de Washington, mediante el cual Venezuela se vio obligada a aceptar un arbitraje injusto, sin que ningún venezolano fuera miembro de la Comisión Arbitral. Con el Laudo de París en 1899 no sólo se consumó un procedimiento arbitrario y fraudulento entre potencias imperiales, una emergente una establecida,  sino que fueron violadas las propias reglas del tratado anterior, al dictarse una decisión basada en motivos políticos ajenos a los intereses de ambas partes, dejando de lado los intereses de Venezuela, a la que le fue sometida y engañada su voluntad, bajo coacción por los grandes imperios de la época y sin motivación o justificación alguna. De esta forma se despoja a Venezuela de una importante parte de su territorio.

En 1949 se descubre el fraude del Laudo Arbitral de París, al resultar publicado el Memorándum de Severo Mallet-Prevost, en The American Journal of International Law, donde se revela la negociación tras bastidores: el contenido de una verdadera estafa.

Esta es una historia de saqueos, negociaciones diplomáticas y engaños políticos, como bien dice el profesor Eugenio Hernández-Bretón.

El territorio Esequibo y la Corte Internacional de Justicia

Desde marzo de 2018, Guyana inició un juicio contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Reino de los Países Bajos.

Guyana alegó que el límite entre ese país y Venezuela quedó fijado a través de una decisión del tribunal arbitral en París, el 3 de octubre de 1899, por lo que exigió ante esa Corte que declarara el Laudo con efecto obligatorio.

Venezuela, histórica y consistentemente, ha estimado que el laudo es nulo e inválido, y su reclamo se soporta en el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, por parte de Venezuela, del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, y de Guyana -entonces colonia británica o Guayana Británica- la reclamación de Venezuela.

El Acuerdo de Ginebra, firmado unos tres meses antes de que Guyana se independizara del Reino Unido, instauró el mecanismo práctico para solucionar mediante negociaciones la controversia limítrofe terrestre entre Venezuela y Guyana, por medios pacíficos, refirió el profesor Eugenio Hernández-Bretón, experto e ilustre miembro de la delegación de Venezuela en las audiencias del caso.

Fue en enero de 2018, cuando el noveno secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, realizó una particular interpretación del Acuerdo de Ginebra, por lo que propuso que la controversia fuera conocida por la CIJ.

Este planteamiento no fue aceptado por Venezuela. Venezuela ha sostenido históricamente que conforme con el Acuerdo de Ginebra, la CIJ no tiene jurisdicción para resolver una controversia que debe ser resuelta mediante un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio,  de modo que los medios no jurídicos debían seguir experimentándose sucesivamente hasta alcanzar tal negociación. Consecuente con esta posición, Venezuela que decide no asistir al juicio, en tanto fue ignorado el Acuerdo de 1966 que preceptúa alcanzar una negociación amistosa. Ante tal circunstancia, la CIJ debió abrir una fase preliminar para conocer si tenía jurisdicción, para conocer de la absurda demanda unilateral solicitada por Guyana.

Aun así, prosiguió y permitió que Guyana presentara sus alegatos en noviembre de 2018, ante lo que Venezuela reiteró en 2019, la posición de reconocimiento histórico de su territorio nacional y enfatizó que el Acuerdo de Ginebra tampoco contenía su consentimiento para que la CIJ conociera de la demanda de Guyana.

A la luz del llamado “derecho internacional”, el 18 de diciembre de 2020 y en medio de la pandemia, fue emitida la decisión preliminar -con mayoría de 12 votos y  4 votos salvados o disidentes- declarando a la CIJ  competente para conocer la demanda de Guyana en lo que respecta a la validez o invalidez del Laudo de 1899.

El profesor Eugenio Hernández-Bretón calificó este paso como “muy importante para Venezuela”, porque fue registrado “que también tiene jurisdicción para conocer acerca de la cuestión conexa de la solución definitiva de la disputa territorial terrestre”, entre ambos países.

Igualmente, es relevante que la CIJ declarara por voto unánime “que no tiene jurisdicción para conocer de las pretensiones de Guyana, que pedía la desocupación de la parte oriental de la isla de Anacoco, en el río Cuyuní y de otros territorios, que Guyana dice que Venezuela ocupa ilegítimamente”.

De la misma forma la CIJ rechazó conocer de las demandas de Guyana en las que pedía que Venezuela cese sus advertencias o acciones “contra personas que realizan actividades económicas en el territorio guyanés y que Venezuela indemnice a Guyana por los daños que le ha causado por todo lo anterior”. “Todo esto, relativo a hechos posteriores a la firma del Acuerdo de Ginebra, fue rechazado unánimemente por la CIJ en contra de Guyana”, afirmó el analista Hernández-Bretón. Además circunscribió su jurisdicción al territorio terrestre.

En marzo del 2022, Guyana presentó sus alegatos acerca de la validez del Laudo de 1899 y para el mes de junio del 2022 -dentro del lapso reglamentario- Venezuela presentó sus objeciones preliminares acerca de la inadmisibilidad de la demanda de Guyana. De la misma forma refutó que si la CIJ tenía jurisdicción -según su propia decisión de 18 de diciembre de 2020, la cual Venezuela rechaza- para el correcto ejercicio de esa atribución, entonces sería indispensable la participación del Reino Unido que es el implicado principal en la validez o nulidad del laudo objeto de la demanda unilateral presentada por Guyana.

Este particular fue rebatido por Guyana y la CIJ. No obstante, el profesor Eugenio Hernández-Bretón, profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Central de Venezuela, afirmó que “al decidir, la CIJ salvó expresamente el alegato venezolano, de que no obstante que el Reino Unido no es parte procesal en el juicio en curso, si es una parte histórica en el caso y, de tal forma, los alegatos venezolanos acerca de la conducta irregular del Reino Unido, serán objeto de examen en el juicio como causal de nulidad del Laudo de 1899, aún sin la presencia del Reino Unido, que así lo había consentido al firmar el Acuerdo de Ginebra”.

Para el lunes 8 de abril de 2024 está fijada la continuación de la llamada “fase de mérito” del juicio más importante para Venezuela en los últimos 130 años. “Hay factores que definen la situación por la que pasa Venezuela, uno de estos es la Corte que va a definir este conflicto, y que no será la que está actualmente, ya que en noviembre de este año hay elecciones, se renueva, y serán los elegidos los que analicen el caso venezolano en 2024”, reflexiona el historiador, diplomático y agente de Venezuela ante la CIJ, Samuel Moncada.

En la reparación ante la injusticia cometida con Venezuela, trabaja un equipo legal integrado por prestigiosos profesores, importantes historiadores, sumados a litigantes europeos y latinoamericanos. El trabajo de la preparación de la estrategia, la recopilación de pruebas y la formulación de los alegatos que apoyan la posición histórica de Venezuela, es intenso, insistió Hernández-Bretón.

El gran garrote

La historia de las relaciones internacionales está plagada de acciones “legales”, "encubiertas" o deliberadamente ilegales, en interés del poderío de los Estados -con frecuencia- más poderosos, que apelan a la guerra en sus diversas modalidades, para imponer los intereses propios por la fuerza.

Como a finales del siglo XIX, la presencia de EE.UU. potenció su protagonismo en las disputas por los mercados de capital y las fuentes de materias primas, erigido como el gran “hermano” de sus “endebles” vecinos; al comienzo del siglo XX su estrategia de intervención en Latinoamérica y el Caribe, es de más “garrote”.

Tal como ayer, cuando EE.UU. impulsó “la era del imperialismo”, hoy, como aves de rapiña sobrevuelan cada conflicto.

Ahora se manifiestan en la forma del gigante estadounidense del petróleo, Exxon Mobil, que anunció en mayo de 2015, el descubrimiento de un yacimiento en un área costera de la frontera entre Guyana y Venezuela.

Clasificada por la revista Fortune como la segunda empresa con mayor caudal monetario del mundo en 2009- la primera fue Royal Dutch Shell- ya para marzo de 2012, Exxon Mobil se convirtió en la empresa más lucrativa de América.

Es un hecho que Guyana ha firmado un modus vivendi con EE.UU. Desde tiempo atrás con un vértice importante en 2015 le concedió las licencias correspondientes a la compañía, para explotar petróleo y gas. En 2022 Exxon Mobil descubrió dos yacimientos adicionales. Evidentemente el lado venezolano no objeta que Guyana avance en la industria petrolera. El problema está en su interés en traspasar lo que sería los límites naturales de un espacio marítimo sobre el cual no tiene título de soberanía, que en todo caso está sujeto a delimitación,  del cual ningún país puede disponer unilateralmente, sacrificando los intereses y derechos de otros.

“Hay una campaña contra Venezuela brutal, mienten, es financiada por la Exxon Mobil, transnacional petrolera estadounidense vinculada al lobby armamentista de Washington, que tiene gran influencia dentro del Pentágono. (…) La Exxon Mobil ha financiado una campaña en la televisión, radio, prensa, factores políticos del Caribe, de Guyana específicamente”. Expresó en el 2015 el presidente venezolano Nicolás Maduro, en exclusiva para teleSUR, al tiempo que afirmó que la Guayana Esequiba le pertenece a la nación. “Es una gran provocación, para llevarnos a un conflicto de intensidad y tratar de minar la unión del Caribe, de América Latina”, precisó.

La República Bolivariana de Venezuela hará valer sus derechos legítimos sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Esta es una batalla pacífica por el decoro y la independencia de un pueblo útil como el venezolano y, con la defensa de su soberanía, se conquista un servicio universal.

Para ello necesita una resistencia que no sólo defiende lo logrado, sino que profundice en una cultura liberadora, porque en el fiel de América, está el respeto a la soberanía. “Es un mundo lo que estamos equilibrando”, al decir de José Martí.