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Con la instauración de un Consejo Presidencial y la inminente llegada de tropas de intervención internacional, inicia un nuevo periodo. Las fórmulas son las mismas.
Una mujer marcha con sus tres hijos de menos de 12 años detrás. Lleva algunas de sus pertenencias en bultos sobre sus cabezas. Dejan atrás una barrera armada con basura y un auto incendiado que sirvió como barricada la noche anterior, durante la incursión de uno de los tantos grupos paramilitares al barrio Dalma, Puerto Príncipe, en la noche del primero de mayo.
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Se trata de una de las miles de familias desplazadas por la violencia que cubre las barriadas de la capital.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre el 8 de marzo y el 9 de abril unas 95.000 personas (19.300 menores de edad) abandonaron sus hogares huyendo de las bandas armadas, lo cual implica que, en un mes, uno de cada diez habitantes de la tercera ciudad en población de todo el Caribe tuvo que abandonar su hogar de manera forzosa.
En otro barrio de la ciudad, los residentes levantan portones de hierro en los accesos al vecindario. "Esta barrera está porque la inseguridad es tal que el Estado no hace nada por nosotros. Tenemos que erigir barreras para que la gente no pueda entrar a nuestra área”, refiere Jasper W. Cinéus, quien minutos atrás sostenía una de las puertas del portal que va de lado a lado de la calle.
La improvisada respuesta popular se da ante la amenaza que representan organizaciones paramilitares que crecieron hasta volverse importantes estructuras ilegales, pertrechadas con modernas armas de origen estadounidense, que se estima que en la actualidad controlan el 80 por ciento de la capital haitiana.
En tanto, la misma violencia que aleja a las familias de sus hogares afecta gravemente a la economía del país, donde la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más evidente.
Pedro Valtierra, reportero gráfico mexicano que cubre el conflicto en la región, describe una ciudad constituida por “caseríos de casas de lámina, con olor a podredumbre en las calles y cantidad de basura. No nada más precariedad, sino marginación”.
En contraste, expresa que “las zonas ricas están demasiado aisladas, subidas en la montaña, con portones y seguridad con armas largas en los portales”.
Un reciente informe de la Universidad de Harvard, Estados Unidos (EE.UU.), indica que la proliferación de este tipo de bandas que anteriormente eran marginales se desarrolló durante las protestas contra las políticas del presidente que fue asesinado, Jovenel Moïsse. El entonces mandatario liberó el financiamiento junto a la aristocracia local para pertrechar a estos grupos delictivos y así disolver las masivas movilizaciones antigubernamentales que convocaron a cientos de miles de manifestantes en las calles capitalinas.
El documento también precisa que alias Barbecue, líder de Viv Ansanm (Vivir Juntos), el principal grupo armado del país, es un exoficial de la policía acusado por cometer masacres en barrios opositores al expresidente Moïse.
Pese a que Barbecue reivindica liderar una lucha por los derechos de los haitianos, la población identifica claramente en estos grupos como “los verdugos que vienen haciendo de la ciudad realmente un infierno, porque ellos son los que han provocado la migración de más de 300.000 personas de Puerto Príncipe, prenden fuegos a barrios enteros, hacen violaciones masivas, cortan a la gente en pedazo”, declaró Mónica Riet a teleSUR, integrante de la Coordinadora en Solidaridad con el Pueblo de Haití.
Ariel Henry, el anterior primer ministro, renunció tras dos años de dilaciones, el pasado 25 de abril. Antes, juramentó, desde Los Ángeles, EE.UU., al nuevo Consejo Presidencial integrado por nueve personas -siete miembros plenos y dos observadores- para conducir la transición hasta la convocatoria a próximas elecciones fijadas para el 7 de febrero de 2026.
El pasado 30 de abril, el nuevo Consejo Presidencial eligió a Fritz Bélizaire, extitular de Deportes, como nuevo primer ministro en sustitución de Henry, y designó a Edgard Leblanc Fils al frente de la institución encargada de la transición
Sin embargo, Riet no es optimista al respecto pues considera que “de los siete miembros, cinco son de la derecha, son políticos representante de la derecha, gente que hace tiempo que está en la política y que no representan ningún sector popular, son seres que están comprados, que están vendidos a los intereses de la oligarquía y del imperialismo”.
El escepticismo también reina en la ciudadanía. "Este Consejo Presidencial no puede tener razón. Los siete o nueve miembros en cuestión representan aún más privilegios para nueve familias”, manifestó Kervens Derosiers, estudiante de medicina desde un lado de una avenida de Puerto Príncipe.
Riet afirma que, a fin de cuentas, la conformación del Consejo Presidencial mantiene el control del Core Group sobre el Estado haitiano. Se trata de un grupo internacional integrado por un representante de Naciones Unidas y los embajadores de Brasil, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, España y EE.UU., así como el representante especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Esta articulación hizo su aparición tras el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide, en 2004, y desde entonces han conducido los hilos de la nación caribeña bajo el liderazgo de EE.UU., Francia y Canadá.
Para el Konbit de las Organizaciones Políticas, Sindicales y Populares de Haití, “es el Core Group junto al Gobierno estadounidense, las pandillas, buena parte de la burguesía, el Ejército, la Policía y un puñado de políticos extorsionadores junto a los partidos de derecha los que apoyan a la ‘gangocracia del régimen gangsterizado’, lacayos de los estadounidenses los que controlan la nación actualmente”.
Es desde el seno de Core Group donde se impulsa el despliegue de la fuerza multinacional para restaurar la seguridad de Haití, liderada por Kenia.
Según anunció esta semana el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, el despliegue de los efectivos extranjeros comenzará el próximo 26 de mayo, dado que el nuevo primer ministro "cuenta con la más amplia aceptación en este momento por parte de las élites de Haití y la comunidad internacional acepta que esta es la dirección correcta a seguir".
Mitchell no puede decir lo mismo de la población, dado que existe un amplio rechazo a las intervenciones internacionales, debido a las numerosos desfalcos, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder cometidas por la media docena de intervenciones acontecidas durante los últimos años
Por mencionar un caso, organizaciones haitianas denunciaron que la Minustah, misión de mantenimiento de paz de la ONU desplegada entre 2004 y 2017, cometió abusos sexuales masivos, incluyendo que integrantes de la misión violaron y dejaron embarazadas a niñas de apenas 11 años.
En tanto, el presidente de Kenia, William Ruto, afirmó estar "listo" para desplegar tropas en Haití tras la toma de posesión del Consejo Presidencial de Transición. Y en abril sumaron su intención de participar de la misión Chad, Bangladés, Barbados y Bahamas. También se sumarían Antigua y Barbuda, Surinam, Belice y el Gobierno de El Salvador volvió a manifestar que podría enviar tropas, ofrecimiento que ya había hecho en el mes de enero.
Por su parte, el mayor líder de las organizaciones paramilitares haitianas, alias Barbecue, dijo que “nadie puede asustarnos, hacernos creer que nos van a echar de nuestro país.”
“No estamos haciendo una revolución pacífica. Estamos haciendo una revolución sangrienta”, sentenció, responsabilizando a EE.UU., Canadá y Francia de un baño de sangre en Haití.
Sin embargo, Riot llama a desconfiar de la oratoria de quien es responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad y señala que “es de esperar un nuevo plan de exterminio”.
“La Policía de Kenia, se acaba de saber, tuvo un pacto con Barbecue recientemente en Estados Unidos” llamó la atención la internacionalista.
