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La resolución fue firmada por tres de los seis integrantes del TC, con el voto del presidente del organismo, Francisco Morales.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este jueves la inmediata liberación del dictador Alberto Fujimori, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió que no se procediera con su puesta en libertad, tras un habeas corpus que le fuera otorgado.
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"Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo (donde permanece recluido), en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori", indica un auto del tribunal.
La resolución fue firmada por tres de los seis integrantes del TC, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, y llamó a la atención al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, quien había decidido no ejecutar la liberación del dictador.
�� #URGENTE
— Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH (@Aprodeh) December 5, 2023
Condenamos desacato del TC a la Corte IDH. La orden de liberación de Fujimori desafía normativas internacionales. Exigimos a Ministerio de Justicia e INPE respetar la prohibición y comprometerse con la justicia y los derechos humanos.#NoalaImpunidad #Fujimori pic.twitter.com/FoDdap81ET
En este sentido, la resolución precisa que el Juzgado de Ica debe "poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus".
Familiares de las víctimas del dictador peruano denunciaron que la decisión del Tribunal es inaceptable, pues pone sus derechos por debajo de la libertad indebida de Fujimori.
La Asociación Pro Derechos Humanos rechazó la liberación de Alberto Fujimori por medio de un pronunciamiento publicado en su cuenta de la red social X, donde destaca que "la reciente orden de liberación de Alberto Fujimori por parte del TC contradice las disposiciones internacionales y representa un acto de desobediencia a la justicia regional".
"Exigimos un compromiso firme con los principios de justicia y derechos humanos, y hacemos un llamado a la responsabilidad institucional para evitar acciones que pongan en riesgo la integridad de la justicia y de la lucha contra la impunidad", destacó el texto.
El dictador Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en Lima (capital). En 2017 se le otorgó un indulto que anuló el Poder Judicial en 2018 a solicitud de la CorteIDH.
La semana pasada, la CorteIDH mostró preocupación por la posible excarcelación de Fujimori por el TC, por lo que este organismo expresó en su resolución que la CorteIDH carece de competencia en "materia de cumplimiento de sentencias, para disponer la inejecutabilidad de una sentencia".
