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Las indagaciones judiciales se refieren a una presunta corrupción en torno a la contratación de seguros del Estado durante su Gobierno.
Un juez argentino ordenó este martes la congelación de los bienes y el levantamiento del secreto fiscal y bancario del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), asi como de varios colaboradores suyos, en medio de una investigación judicial.
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Las indagaciones judiciales se refieren a una presunta corrupción en torno a la contratación de seguros del Estado durante su Gobierno.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la sala 11 del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal, dispuso lo que el argot judicial se llama "inhibición general" de los bienes de Alberto Fernández y le levantó el secreto fiscal y bancario sobre sus cuentas en la causa que investiga si el mandatario favoreció, para la contratación de seguros del Estado, al esposo de su secretaria privada.
��#Judiciales
— Primera Edición (@primeraedicionw) April 10, 2024
��El expresidente #AlbertoFernández no podrá disponer libremente de su patrimonio, el juez Julián Ercolini dictó la inhibición general de bienes en el marco de la causa por los seguros del #BancoNación
������https://t.co/PQUiTf7uaF pic.twitter.com/cJyR1ss1PI
La medida dictada por Ercolini abarca también a otras 32 personas, exfuncionarios, empresas y cooperativas que están siendo investigadas, quienes ahora no podrán vender ni disponer de sus bienes.
De acuerdo con la información de medios locales, la decisión abarca al intermediario Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, secretaria de Fernández, un vínculo que, para el juez, despierta la sospecha de que determinó del rol del exmandatario en la intermediación de seguros entre los entes estatales y Nación Seguros.
Al expresidente se le investiga por presuntas irregularidades en torno a un decreto que firmó en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Aunque no necesitaban gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario al esposo de su secretaria y su amigo, Martínez Sosa, quien, además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.
