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  • El BCV reafirmó que seguirá ejerciendo todas las acciones y recursos necesarios para salvaguardar las reservas internacionales soberanas.
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    El BCV reafirmó que seguirá ejerciendo todas las acciones y recursos necesarios para salvaguardar las reservas internacionales soberanas.

El dictamen inicial del Tribunal británico negaba a Venezuela el derecho a acceder a sus 31 toneladas de oro.

En julio pasado, el Tribunal Superior británico falló que la supuesta administración del diputado opositor, Juan Guaidó, era la que podía acceder a las reservas de oro tras considerarlo “inequívocamente” el “presidente interino constitucional” de Venezuela.

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La decisión fue apelada de manera inmediata por el Banco Central de Venezuela (BCV), al catalogarla como “absurda e insólita”.

Otro de los argumentos sostenidos por el BCV en su apelación al fallo se encontraba que Londres no había roto relaciones diplomáticas con Caracas, por lo que ambas naciones mantenían a sus embajadores en sus respectivas capitales.

Los intentos de bloquear el acceso de Venezuela a sus fondos se remonta al año 2018, cuando el Gobierno venezolano necesitó sus reservas para honrar compromisos financieros, en el contexto de las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. Sin embargo, le fue denegado.

Un año más tarde, en 2019, Venezuela realizó otra solicitud del oro y recibió negativas por parte del Banco de Inglaterra, que reconocía al opositor Guaidó como mandatario legítimo de la nación bolivariana.

Reserva venezolana

El dictamen inicial negaba al Gobierno venezolano el derecho a acceder a las 31 toneladas de oro, valoradas en más de 1.000 millones de dólares, depositadas en el Banco de Inglaterra, en Londres.

En reiteradas ocasiones el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado que el bloqueo de estos recursos impide la compra de alimentos y medicinas para el pueblo, en medio de la crisis epidemiológica por la Covid-19, además de que podría contribuir a aliviar la crisis económica que actualmente existe en el país, producto de las medidas coercitivas unilaterales y la guerra comercial que se le realiza.

Significado del reciente fallo judicial

La victoria de la apelación del BCV implica que el Gobierno británico no reconoce a Juan Guaidó como encargado de la nación bolivariana. Asimismo, el fallo del alto tribunal reitera su respaldo hacia el legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su batalla por la retención del oro nacional en el banco inglés.

Además, tampoco reconoce a la representante de Guaidó en Reino Unido, Vanessa Neumann, quien, explican, no posee estatus diplomático de embajadora en esa nación.

En este sentido, el director del equipo legal que representa al BCV, Sarosh Zaiwalla, expresó que “es una enorme satisfacción que la Corte de Apelación haya revocado esa conclusión y haya dictado que este importante asunto se considere más a fondo”.

Asimismo, agregó que “estos argumentos legales, que pretendían socavar la autoridad del BCV para gestionar sus reservas en Londres, han conseguido poco más que retrasar el envío de fondos directamente al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para aplicar su Plan de Respuesta Humanitaria de la Covid-19”.

Camino a seguir

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones ratifica que el anterior veredicto fue equivocado, pues advierte que con el reconocimiento de Guaidó por parte del Gobierno británico como presidente “de jure” se excluye la posibilidad de que se reconociera a Maduro como el mandatario “de facto”.

En este contexto, el Tribunal ordenó el inicio de una investigación detallada donde se expliquen las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido, en aras de determinar si Londres reconoce que el mandatario Nicolás Maduro continúa ejerciendo poderes "de facto" como jefe del Estado.

En tanto, estimó que la Justicia y el Gobierno deben hablar con una sola voz y el recurso debe ser admitido a trámite para examinar estas cuestiones.

Por su parte el BCV reafirmó este lunes que seguirá ejerciendo todas las acciones y recursos necesarios para salvaguardar las reservas internacionales soberanas y el patrimonio sagrado de la República, “que pertenecen al pueblo de Venezuela, en el marco de sus competencias y en estricta aplicación de la Constitución y las leyes de la República, así como en defensa del Derecho Internacional Público”.


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