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Las autoridades denuncian la decisión “viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta”.
El Gobierno de Venezuela rechazó este miércoles la orden dictada por el juez del Distrito de Delaware , Estados Unidos (EE.UU.), Leonard Stark, sobre una “pretendida venta judicial” de las acciones de la empresa estatal Citgo Petroleum perteneciente a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
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La Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque emitió un comunicado donde denuncia “la ilegal orden” dictada por el juez estadounidense, “que establece un conjunto de procedimientos para una pretendida venta judicial de las acciones de Citgo Petroleum”.
La organización conformada por el presidente venezolano Nicolás Maduro en favor de la consolidación de la industria petrolera nacional recalcó que “rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta”.
���� #COMUNICADO | Venezuela rechaza decisión arbitraria dictada por el juez del Distrito de Delaware de los EE.UU., referente al caso de la empresa Citgo Petroleum, perteneciente a PDV Holding, empresa propiedad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).#GritoDeResistenciaIndígena pic.twitter.com/m0MSBttdTs
— Min. PP Petróleo (@MinPetroleoVE) October 12, 2022
En este sentido, añade que la medida está alineada con la empresa Crystallex International Corp. (Crystallex), que responde al poder hegemónico de EE.UU. en “su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano”.
De igual forma, el Gobierno venezolano aseguró que la decisión “violatoria del derecho internacional, constituye una nueva escalada de maniobras ilegales, en complicidad con los usurpadores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández”.
Las autoridades alertaron que estas acciones “sientan un peligroso precedente que podría representar el inicio de un periodo oscuro, relacionado al vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense”.
Finalmente, el comunicado destaca que Venezuela “no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que la asisten, con el firme compromiso de rescatar y preservar el patrimonio de la República cuyo único propietario es el pueblo venezolano”.
