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La barrial Tupac Amaru retomó las movilizaciones tras la ratificación de la pena por la Corte Suprema de Justicia

La barrial Tupac Amaru retomó las movilizaciones tras la ratificación de la pena por la Corte Suprema de Justicia | Foto: Prensa Tupac

Publicado 22 diciembre 2022



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El abogado de la líder, Luis Paz, afirmó que Milagro Sala es “una presa política de Alberto Fernández”.

La organización Tupac Amaru continuó este jueves la segunda jornada de manifestaciones en la Plaza de Mayo en apoyo a Milagro Sala mientras exigió al presidente argentino, Alberto Fernández, que otorgue el indulto, aunque el mandatario ha dicho que no puede otorgar esa medida.

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El abogado de la líder, Luis Paz, afirmó que Milagro Sala es “una presa política de Alberto Fernández” luego de que el mandatario expresara durante jornada anterior la imposibilidad de otorgar un indulto por cuestión de jurisprudencia.

En este sentido, Paz cuestionó ante medios nacionales que “¿Cuál es el rol que cumple el Presidente en esta democracia? Milagro Sala es una presa política de él también. Por más eufemismos que hayan utilizado funcionarios, ministros y exministros”.

Por su parte, el jefe de Estado apuntó que la Constitución le impide indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales, entretanto, destacó que una alternativa sería que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, intervenga para conmutar la pena.

En cambio, Paz aseguró que el presidente clausuró esta etapa y destacó que “le tira la pelota al Gobernador de Jujuy que ya dijo en algún momento que se pega un tiro antes de indultar la pena a Milagro Sala”.

En consonancia, añadió que “no se trata de una excusa legal de si puede o no puede. No se puede justificar sostener el encarcelamiento de una persona bajo ese rol. La Constitución le marca a Alberto Fernández y al Gobernador Morales cuáles son las atribuciones y competencias”.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 13 años de prisión contra la dirigente indígena emitida en 2019 tras ser imputada por el presunto delito de desvío de fondos dirigidos a la construcción de viviendas.


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