Trabajadores salvadoreños rechazan criminalización de la protesta

El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía del municipio de Soyapango (Sitrasoya), al norte de San Salvador, denunció este viernes las amenazas de que son víctimas sus afiliados, como aplicarles la ley de excepción vigente en el país, por exigir que se les paguen salarios atrasados y otras prestaciones laborales.

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Los integrantes del gremio realizaron una marcha y un plantón cerca del centro de la localidad para demandar a la Alcaldía el pago del haber correspondiente a diciembre pasado, así como de un aguinaldo y un bono.

Rechazaron públicamente ser sujetos de despidos u otras medidas coercitivas, como la aplicación de la ley de excepción vigente en el país, si deciden no acudir a trabajar.

Además, responsabilizaron al Concejo Municipal por el mal uso de las finanzas de la demarcación y por la corrupción dentro de dicho ente.

Durante la marcha, el secretario general de Sitrasoya, Ovidio Hernández, declaró a la prensa que el atraso en el pago de salarios afecta a 1.850 trabajadores, el 95 por ciento de los empleados de la municipalidad.

Añadió que entre los afectados hay personal nuevo que no recibe pago desde hace tres meses y que la Alcaldía miente cuando declara que no tiene fondos. Por otra parte, rechazó que se les amenace con represalias por reclamar lo que constitucionalmente les pertenece y que sus derechos no sean vulnerados.

Otro líder gremial, Oseas Eliud Ruano, refirió que el sindicato se reunió con el Concejo Municipal y dicho ente no formuló ninguna solución para esta problemática.

Ambos subrayaron que el atraso en los pagos afecta sobre todo a trabajadores con enfermedades crónicas y a otros a quienes han cortado servicios básicos por impago.

Recordaron que reiteradamente Sitrasoya llevó este problema ante el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero ello no ha tenido efectos.

A finales de diciembre pasado, el actual regidor interino de Soyapango, Antonio Marcos García López, se comprometió con los sindicatos a pagar los haberes atrasados antes de que expirara el 2022. Según Oseas Ruano, junto a García López compareció un delegado de la Casa Presidencial, a quien no identificó. 

La elección del regidor interino tuvo lugar luego de que la anterior alcaldesa, Nercy Montano, del partido oficialista Nuevas Ideas, fuera detenida por corrupción. Se le imputan los delitos de apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos.

A Montano también se le señalan irregularidades en la compra de luminarias, gastos excesivos en la organización de las recientes fiestas patronales y el uso de un helicóptero para distribuir regalos, según medios locales.