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Exhortaron a la Asamblea Legislativa a iniciar el proceso de armonización de la legislación nacional, en conformidad con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo.

Exhortaron a la Asamblea Legislativa a iniciar el proceso de armonización de la legislación nacional, en conformidad con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo. | Foto: CESTA

Publicado 5 mayo 2022



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Denuncian la detención de tres personas con discapacidad durante el Régimen de Excepción impuesto por Nayib Bukele.

Organizaciones de personas con discapacidad denunciaron violaciones a sus derechos humanos, como capturas arbitrarias, abusos y amenazas, ocurridas en el régimen de excepción en El Salvador, el cual en poco más de un mes de impuesto por el presidente Nayib Bukele, acumula más de 24.000 personas detenidas por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).

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Así trascendió durante la conmemoración al Día Nacional de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cada 3 de mayo.

Las organizaciones externaron su la preocupación sobre el deterioro de la institucionalidad ante el Ministerio Público que debe promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población con discapacidad.

Preocupados ante el Régimen de Excepción, las organizaciones tienen contemplado que al menos tres personas con discapacidad han sido detenidas arbitrariamente y sin consideración a su condición de discapacidad.

Asimismo, condenan que personas con discapacidad han sufrido maltratos y amenazas por parte de agentes de seguridad pública y militares, pese a que sus familiares han mostrado evidencias de la condición.

Denuncian, en particular, los casos de un estudiante, con discapacidad intelectual y alumno de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, departamento de la Libertad, detenido arbitrariamente y luego liberado por la presión social; y el de una persona sorda, detenida en el municipio de San Antonio del Monte, Sonsonate, y trasladado al Centro Penal “La Esperanza” (Mariona).

No obstante, el caso más llamativo e indignante es el asesinato de otra persona con discapacidad psicosocial (mental), originario del municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas; detenido y asesinado mientras guardaba prisión en el Centro Penal “La Esperanza” (Mariona).

En los tres casos, expresan los portavoces de las organizaciones de derechos humanos, ha sido evidente las arbitrariedades en la detención, las faltas al debido proceso; al tiempo que lamentan la falta de acompañamiento de parte del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien, desde hace un año ha negado una audiencia para externar las demandas de ese sector.

Por último, exhortaron a la Asamblea Legislativa a cumplir con responsabilidad su mandato e iniciar el proceso de la armonización de la legislación nacional, en conformidad con los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y su Protocolo Facultativo.


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