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El Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada "guerra contra las pandillas" en el régimen de excepción, decretado en 2022 y vuelto a prorrogar hace una semana.

El Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada "guerra contra las pandillas" en el régimen de excepción, decretado en 2022 y vuelto a prorrogar hace una semana. | Foto: MOVIR

Publicado 14 abril 2023



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Según organismos internacionales, el Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia se adecuen a los límites señalados de protección a los derechos humanos

Un organismo internacional de Derechos Humanos llamó a el jueves a El Salvador a terminar con la suspensión de derechos y garantías que de manera indefinida se aplica en ese país desde 2022.

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De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esas medidas especialmente cuando son aplicadas de manera indefinida, constituyen un mecanismo inadecuado para enfrentar los delitos comunes.

El llamado se produjo poco después que El Salvador cumplió a finales de marzo un año con un régimen de excepción, que ha dejado más de 66.400 detenciones y al menos 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias recogidas por organizaciones humanitarias.

Una nota del organismo internacional, urge al "Estado a respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas".

En el mismo sentido, apunta que "la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común", aunque matizó que se habrían registrado "188 días sin homicidios en los últimos 12 meses".

Asimismo, indicaron que organismos internacionales "han manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas".

Según organismos internacionales recogidos por el informe, "el Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia –tanto el control así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana– se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho".

El régimen de excepción, decretado en 2022 y vuelto a prorrogar hace una semana, en el que el Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada "guerra contra las pandillas", suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.


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