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Un grupo de personas organizó una vigilia frente al penal de Miraflores, donde está detenida la expresidenta de facto, para exigir justicia.

Un grupo de personas organizó una vigilia frente al penal de Miraflores, donde está detenida la expresidenta de facto, para exigir justicia. | Foto: EFE

Publicado 5 abril 2022



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La sesión del juicio, realizada de manera virtual este lunes, superó las 12 horas de duración.

Este lunes se instauró la tercera sesión del juicio por la vía ordinaria contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, que viene tramitándose desde el pasado mes de febrero con varios incidentes que han causado interrupciones.

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Junto a la exmandataria de facto hay ocho acusados, cuyos abogados presentaron en la jornada incidente y excepciones. Al menos cinco de los incidentes presentados pretenden anular la vía ordinaria del proceso judicial.

Entre esos reclamos, destaca uno que solicita la celebración presencial y no virtual de las sesiones como viene sucediendo. Además, plantean que el auto de apertura del proceso es una copia de la acusación de la fiscalía contra los imputados y que, por eso, debe también anularse este.

 

La semana pasada se suspendió la audiencia virtual que estaba centrada en resolver los incidentes legales presentados por el grupo de abogados.

Esta batería de incidentes y excepciones fue anunciada previamente por la defensa de los enjuiciados y tienen como objetivo obstaculizar que el proceso reanude en su etapa definitiva, que tiene la presentación de cargos y descargo, tanto de la parte acusatoria como de los acusados.

Para la defensa, todos estos cuestionamientos al procedimiento judicial, los que se van a plantear en todo el período de instalación y previo a al dictado de sentencia, deben resolverse.

Por su parte, la líder de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata en Bolivia, Gloria Quisbeth, rechazó el estancamiento del juicio contra la exmandataria. “Hasta el momento, ella no está siendo juzgada por las muertes durante su gobierno”, dijo.

Quisbeth manifestó “pena”, en relación con los familiares de cerca de 36 víctimas fatales de armas de fuego en Sacaba, Cochabamba, Senkata, departamento de La Paz y Yacapaní en Santa Cruz.

“No hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos, ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes”, alegó y reiteró que esos crímenes constituyen una obligación para el estado que se esclarezcan.

Áñez responde ante la ley por 15 transgresiones a la ley y a la Constitución antes de proclamarse como jefa de Estado en noviembre de 2019. Junto a los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, además de jefes policiales y militares, enfrenta delitos de sedición, conspiración y terrorismo en la causa llamada Golpe de Estado I.

Tras la firma del Decreto 4078, se desató una violencia en el país que dejó un saldo de 40 muertos y cientos de heridos. Con la norma, todas las fuerzas represivas quedaron exoneradas de responsabilidad penal ante sus acciones contra las protestas populares de ese entonces.

La exgobernante cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de La Paz, donde permanece hace más de un año. Actualmente, está en silla de ruedas y sin complicaciones de salud a causas de sus crisis nerviosas constantes.


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