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La mandataria se comprometió a erradicar la corrupción existente en la nación centroamericana.

La mandataria se comprometió a erradicar la corrupción existente en la nación centroamericana. | Foto: Tiempo

Publicado 26 enero 2022



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Empoderar a la mujer y defender los Derechos Humanos de toda la ciudadanía estarán entre las prioridades gubernamentales. 

La presidenta electa de forma democrática en Honduras, Xiomara Castro, tomará posesión este jueves 27 de enero para gobernar el país durante el cuatrienio 2022-2026, en calidad de sucesora de Juan Orlando Hernández.

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La líder del Partido Libertad y Refundación (Libre) se impuso con mayoría de 1.716.793 votos en los comicios del pasado 28 de noviembre e hizo historia al convertirse en la primera mujer elegida como mandataria de la nación centrocaribeña.

Con su programa de Gobierno, la jefa de Estado pretende sentar sobre bases de una democracia participativa refundada sobre criterios renovados, y nacidos del debate general.

Derechos sociales

La mandataria electa ha planteado la construcción de un sistema político el cual facilite a los ciudadanos la capacidad para asociarse y organizarse para incidir en las decisiones públicas de manera realista, responsable e informada; a través de mecanismos directos o del voto en plebiscitos, referendos y consultas ciudadanas.

Además, proyecta la defensa y protección desde el Ejecutivo de todos los derechos ciudadanos, así como la independencia e imparcialidad de la justicia, que debe alcanzar a todos en forma equitativa en aras de garantizar una vida digna, empoderando a las comunidades para la gestión autónoma de sus conflictos.

Esta voluntad gubernamental implica que la mayor inversión se concentrará en políticas públicas que respondan a los principales problemas en educación, salud, vivienda, empleo y seguridad, juventud y mujeres.

Mejor salud y más empleo

Una expresión inmediata en el sistema sanitario será la eliminación de todos los cobros en hospitales y centros de salud públicos; ampliar y seguir minuciosamente las compras de medicamentos y reactivos de laboratorio para toda la red pública nacional.

Suma la modernización y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de salud, y priorizar la inmunización total de la población.

Otra prioridad será la reducción del desempleo mediante la generación estimada de 200.000 puestos de trabajo en dos años, lo cual contribuirá igualmente a erradicar el hambre, la migración y la exclusión.

Para ello proyecta cancelar monopolios y oligopolios, así como erradicar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); unido a una reducción sustantiva de los intereses bancarios para que más hondureños tengan acceso a créditos.

Prevé renegociar la deuda exterior con el fin de sanear las finanzas públicas y buscar financiamiento con mejores condiciones para el país.

Otro punto de su agenda se centrará en las mujeres y los jóvenes, para quienes se destinará un fondo en aras de impulsar emprendimientos; incentivo a la economía comunitaria, y la intención del aumento del salario mínimo gradual para mejorar la vida de cada familia.

Lucha anticorrupción

La mandataria electa establece como una necesidad la instalación, junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Internacional para el Combate de la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Cicih), con el propósito de erradicar la opacidad en el Estado.

Esta comisión pretende crear un Código Penal que sustituya el Código de la corrupción, así como trabajar de conjunto con la Policía comunitaria en todos los barrios y las aldeas, de forma coordinada con la Policía Nacional Preventiva.

Honduras atraviesa una situación de crisis múltiple desde hace más de diez años, acrecentada con el aumento de los niveles inflacionarios, fijados en 5.32 por ciento al cierre del 2021, y por encima de los 4.01 registrados en 2020.

Cuestión expresada en el aumento de precios y carestía de alimentos, elevados costos de los servicios básicos el transporte y las medicinas.

Diversas organizaciones han denunciado la falta de control en la gestión pública, impunidad, tolerancia a la corrupción y los daños ocasionados por los huracanes Eta e Iota.


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