Expresidente peruano niega cargos judiciales en su contra

El expresidente Pedro Castillo hizo una alocución pública el miércoles desde la presión, durante una audiencia virtual de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para negar los cargos de rebelión y conspiración en su contra y denunciar su cautiverio como una “venganza política”.

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En dicha audiencia se expusieron los argumentos tanto de la Fiscalía como de la Defensa sobre la apelación interpuesta por la primera contra la prisión preventiva por 18 meses dictada contra el exmandatario peruano.

“Jamás he cometido el delito de rebelión (…) pero sí debo decir que quien sí se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual Gobierno”, denunció el exgobernante en alusión al saldo de más de 20 desaparecidos y 200 heridos en las protestas contra su deposición.

Igualmente, negó el delito alternativo de conspiración y lo atribuyó al Congreso de la República “y otras instituciones con la finalidad de preparar un plan para la caída de mi Gobierno, a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) y otras artimañas”, declaró.

En su intervención sugirió reflexionar a los jueces para que vean “cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país”. Asimismo, clamó por el cese del odio, por acceso telefónico que rompa su incomunicación para comunicarse con su familia.

En otro momento de su mensaje aseguró que su prisión preventiva en el penal de Barbadillo es injusta y responde a una " venganza política". “Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política", afirmó.

El expresidente Castillo fue destituido, arrestado y encarcelado el 7 de diciembre último tras anunciar en un discurso la decisión de disolver el Congreso, gobernar por decreto, intervenir la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente, sin el respaldo de las Fuerzas Armadas.

El Juez Supremo, Juan Carlos Checkley dictó el pasado 15 de diciembre la prisión preventiva contra Castillo tras considerar que existían pruebas contundentes de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Tras varias jornadas de protestas populares y represión por parte del nuevo gobierno, los manifestantes exigen la liberación del exmandatario, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

El pasado jueves un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió con el depuesto expresidente Pedro Castillo. Reunión que se celebra en el marco de la visita técnica de dicho organismo en medio de la crisis social y política que vive el país.

Trascendió además que la Suprema Corte de Justicia analizó la apelación esta vez de la Fiscalía contra el fallo de libertad con restricciones por 18 meses dictado a favor del exprimer ministro Aníbal Torres considerando sus 78 años de edad y sus padecimientos de salud.