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El pasado 14 de septiembre, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos exigieron Justicia para Inti y Bryan.

El pasado 14 de septiembre, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos exigieron Justicia para Inti y Bryan. | Foto: EFE

Publicado 5 octubre 2021



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Los tres funcionarios están imputados por no reaccionar para evitar los fatídicos desenlaces de la desmedida represión policial en las protestas del 2020.

La Fiscalía de la Nación de Perú presentó este martes una denuncia constitucional  contra el expresidente Manuel Merino y los exministros Antero Flores-Aráoz (titular del Consejo de Ministros) y Gastón Rodríguez (ministro del Interior) por la muerte de dos manifestantes, y las lesiones de otros 78 durante las protestas suscitadas en noviembre de 2020.

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Se trata de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, proceso investigativo el cual se acomete; y en el marco del cual la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, denunció a los altos funcionarios como presuntos autores, por omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual.

Avalos sustentó su denuncia en la violenta y desproporcionada represión policial, con empleo de perdigones, gases lacrimógenos y otros, contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, lo cual constituyó una flagrante violación a los derechos humanos.

Además, los imputados en su condición de altos funcionarios del Ejecutivo “tenían el deber de protección y actuación especial frente al bien jurídico vida e integridad física, en el contexto de las protestas sociales continuas que se desarrollaban desde el 9 de noviembre del 2020”, ahondó Avalos.

Precisamente, ante la capacidad para evitar tales desenlaces de las protestas y no hacerlo; y el hecho de contar con información oficial de que las protestas se intensificarían, sus actos son constitutivos del dolo eventual en las muertes y lesiones producidas.

El Ministerio Público detalló en su documento de denuncia que el derecho constitucional a manifestarse está amparado por las leyes peruanas, y en caso de que exceda los límites, el uso de la fuerza policial debe realizarse de manera estrictamente necesaria y proporcional, pues puede “representar una importante fuente de violaciones a estos mismos derechos y derivar en consecuencias irreversibles".

El pasado 14 de septiembre, organizaciones sociales y familiares de los fallecidos exigieron Justicia para Inti y Bryan, a tenor de que los  exfuncionarios ahora imputados, figuraban anteriormente como testigos en las pesquisas de la Fiscalía.

Pacha Sotelo, hermano de Inti destacó respecto a la denuncia que “es un paso importante, siempre han existido pruebas de que los responsables no solamente eran los policías. Pero al ser una denuncia constitucional, nos preocupa la decisión que pueda tomar el Parlamento, los congresistas”.


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