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Autoridades del Gobierno peruano indicaron que la decisión sobre la liberación de Alberto Fujimori atenta contra el orden jurídico del país.
El jefe del Gabinete Ministerial de Perú, Aníbal Torres, rechazó este viernes la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del indulto del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes cometidos durante su gestión (1990-2000).
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De acuerdo con el primer ministro, el fallo del TC atenta contra el orden jurídico del país y, por ende, viola los derechos humanos de cada ciudadano, puesto que Fujimori fue condenado por delitos contra la vida y la salud en casos como La Cantuta y Barrios Altos.
"Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ahora se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes", precisó.
Ante el tremendo error del TC, esta es la opinión del director de la División de las Américas de Human Rights Watch @VivancoJM: https://t.co/5t8qH253lz
— Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) March 17, 2022
Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, destacó que los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos por ningún tipo de fallo, sino que es deber de la justicia nacional que cumplan por los actos cometidos.
Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, puntualizó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con las facultades para revertir la sentencia adjudicada por el TC.
La reciente decisión del Tribunal Constitucional sobre el Caso Fujimori no es válida, pues va en contra de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta.
— César Landa (@CesarLanda0) March 18, 2022
En este sentido, el canciller peruano recordó que, en 2018, la Corte Interamericana subrayó la responsabilidad del Estado de condenar a los autores de hechos delictivos y, de esta forma, garantizar que las víctimas obtuvieran justicia.
El dictador peruano fue acusado por crímenes como corrupción, esterilizaciones forzadas, secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros. En 2009, fue condenado por las masacres de Barrios Altos (1991) y de La Cantuta (1992).
