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En las afueras del tribunal se reportaron protestas luego de que el juzgado decidiera rechazar la solicitud.

En las afueras del tribunal se reportaron protestas luego de que el juzgado decidiera rechazar la solicitud. | Foto: Diario Colatino

Publicado 9 febrero 2023



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Organizaciones de Derechos Humanos afirman que entre los objetivos reales de las detenciones está “debilitar la resistencia comunitaria”.

Diversas organizaciones de Derechos Humanos y de movimientos sociales salvadoreños exigieron este jueves la libertad inmediata de los líderes comunitarios de Santa Marta, al norte del país, y representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES), quienes fueron enviados a prisión por un Juzgado local, por presuntos delitos de hace 40 años.

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A través de un comunicado hecho público la víspera y cuyos elementos esenciales retomaron en una conferencia de prensa este jueves, las organizaciones solicitaron al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque (norte del país) “revertir la detención provisional y permitir que el proceso judicial continúe con los detenidos en libertad, tal como ha solicitado su defensor”.

En este sentido, argumentaron que no existe riesgo de fuga puesto que los líderes comunitarios y defensores ambientales “tienen total arraigo comunitario y realizan importantes labores sociales”, por lo que calificaron de “infundado” este planteamiento de la Fiscalía.

De igual forma, señalaron que la avanzada edad de algunos detenidos y el padecimiento de enfermedades crónicas “hace que el encarcelamiento sea una amenaza para sus vidas” puesto que dificulta los controles sanitarios  y la medicación, entre otras acciones.

A su vez, enfatizaron que la detención es una “arbitrariedad e injusticia” además de ser “discriminatoria y constituye una flagrante violación al principio de igualdad, porque en todos los demás procesos judiciales sobre delitos cometidos durante la guerra los acusados son procesados en libertad”.

En consonancia, afirmaron que los objetivos reales de las detenciones son “debilitar la resistencia comunitaria para reactivar los proyectos mineros que están prohibidos por ley, culminar con el desmantelamiento de los Acuerdos de Paz y profundizar la persecución contra las organizaciones sociales”.

Entre los firmantes de la denuncia se encuentran la Alianza Centroamericana contra la Minería, la Alianza contra la Privatización del Agua, la Asamblea Feminista, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el Foro Nacional de Salud, las Juventudes Antifascistas, la Mesa por la Soberanía Alimentaria y la Plataforma de Seguridad Ciudadana.

La denuncia se produjo luego que el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque rechazara el miércoles la solicitud de  revertir la detención provisional de los líderes de Santa Marta y ADES, lo cual desencadenó protestas en las afueras del tribunal para continuar exigiendo justicia.


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