Piñera defiende en la ONU represión en pasado estallido social

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, defendió este martes en la 75° Asamblea General de Naciones Unidas, la política represiva contra el estallido social del año pasado en el país suramericano, sin mencionar las cientos de víctimas que dejó la operación de Carabineros durante las manifestaciones.

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Sobre su gestión ante en el estallido social, Piñera afirmó que se permitió que ingresaran al país una comitiva de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nuestro gobierno tomó todas las medidas y todas las precauciones posibles para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos nuestros compatriotas”, afirmó.

No obstante, no mencionó que entre octubre de 2019 y marzo de 2020, 34 personas han sido reportadas oficialmente como fallecidas producto de las manifestaciones.

Tampoco se refirió a las 459 víctimas de trauma ocular por las balas disparadas por Carabineros contra los manifestantes, que han sido contabilizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las cuales esperan una reparación integral respecto de lo sucedido.,

Pese a que en un principio el Gobierno chileno habló de "accidentes aislados", días después y ante la innegable avalancha de casos, lanzó un plan de ayuda, que las víctimas califican de "insuficiente".

En su presentación ante la Asamblea General, Piñera aseguró que "durante estos meses difícil y violentos, mientras ejercíamos nuestro deber de restaurar el orden público y de resguardar la seguridad ciudadana, para lo cual recurrimos a estos de excepción que están contemplados en nuestra Constitución.

"Nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos nuestros compatriotas".

Reconoció que "en Chile ciudadanos de todas las edades, de todos los sectores, salieron a la calle a demandar mejores pensiones, salud, educación. Y también menores desigualdades y menor costo de lo servicios públicos, mayor igualdad ante la ley y mejor control de conductas abusivas". 

"Todas estas demandas, a pesar del progreso anterior, se venían acumulando desde hace muchas décadas. El gobierno escuchó con atención, sensibilidad y con un sentido de urgencia estas demandas y puso rápidamente en marcha una nueva agenda social”, puntualizó.

En ese sentido, el mandatario aseguró que "aplicamos normas estrictas para regular el uso de la fuerza por parte de las policías, en plena concordancia con las normas internacionales en materia de DD.HH. Adoptamos una política de plena transparencia frente a la ciudadanía en materia de información sobre DD.HH.”, agregó.

Y aseguró que como gobierno "vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos ni para los violentistas que atentan contra nuestra sociedad”.

También destacó que su gobierno propuso la salida pacífica al estallido social a través del calendario constitucional y el plebiscito del próximo 25 de octubre.

“Estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución”, sostuvo.