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Algunos de los sucesos registrados por la ONU ocurrieron en Sacaba el 15 de noviembre y en Senkata el 19 de noviembre, con 19 fallecidos entre ambos sitios.

Algunos de los sucesos registrados por la ONU ocurrieron en Sacaba el 15 de noviembre y en Senkata el 19 de noviembre, con 19 fallecidos entre ambos sitios. | Foto: acnudh.org

Publicado 5 diciembre 2019


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La misión de la ONU agradeció la colaboración de la Defensoría del Pueblo y aseveró que seguirán trabajando en el país durante las próximas semanas.

La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia informó que durante las tres semanas que lleva en el país andino ha documentado hechos de violencia, "algunos de los cuales podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos".

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Según una nota de prensa de la ONU, entre lo registrado hasta ahora están los "sucesos ocurridos en Sacaba (Cochabamba) el 15 de noviembre -donde fallecieron al menos 9 personas- y en Senkata (El Alto) el 19 de noviembre, donde fallecieron al menos 10 personas durante una intervención del ejército y de la policía en el contexto de manifestaciones".

Los hechos de violencia ocurrieron desde el 21 de octubre, un día después de las elecciones presidenciales que ganó el presidente Evo Morales. Sin embargo, dirigentes opositores usaron la excusa de un supuesto fraude para promover hostigamiento y violencia contra campesinos, indígenas y miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

En medio de la tensa situación en el país, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó un informe preliminar en el cual confirmó un fraude electoral, pero sin presentar pruebas físicas. Este fue el eslabón que faltaba para propiciar el golpe de Estado, pues inmediatamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional retiraron su apoyo a Evo Morales y pidieron su renuncia.

El mandatario indígena dimitió el 10 de noviembre para tratar de pacificar el país, ante las agresiones contra la población indígena pese a haber llamado a repetir los comicios y renovar el Tribunal Supremo Electoral.

Asimismo, casi un mes después del informe preliminar, la OEA emitió el texto final, en el que ratificó que hubo "irregularidades graves” en el escrutinio de los resultados electorales, pero de nuevo no presentó evidencia física que sustente el análisis.

Misión de la ONU seguirá en Bolivia

"La misión seguirá abogando porque todos los hechos de violencia, al margen de su autoría, sean investigados de manera pronta, transparente e imparcial por las entidades estatales competentes", dice el texto de la Oficina del Alto Comisionado.

También indicó que durante las tres semanas que lleva en Bolivia, la misión de la ONU "ha sostenido múltiples reuniones con instituciones del Estado, sociedad civil, organizaciones sociales, gremiales e indígenas, entidades internacionales, víctimas, familiares y testigos entre otros actores".

Además, la misión "ha mantenido un estrecho diálogo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, ha visitado hospitales, centros de privación de libertad y otros lugares relevantes, como la planta de gas de Senkata".

La Oficina del Alto Comisionado resaltó la colaboración que la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de sus actividades y anunció que proseguirán con su trabajo en las próximas semanas "con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las garantías de derechos humanos en Bolivia".

Gobierno de facto admite 29 muertos 

El Gobierno de facto de Bolivia admitió al menos 29 muertos durante la represión contra las protestas populares, que se realizaron en rechazo al golpe de Estado a Evo Morales y la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta.

La cifra de muertos que reconoció Áñez es menor a los 33 fallecidos registrados por la Defensoría del Pueblo, y los 34 reportados por informes independientes. 

Asimismo, Áñez resolvió el pago de una indemnización equivalente a 7.184 dólares a los familiares de cada fallecido. La mayoría murió por disparos durante operativos de fuerzas del orden en las protestas.

El Gobierno de facto también admitió 33 personas heridas, registrados por la Fiscalía, quienes "recibirán "asistencia médica, alimentaria, social y psicológica", dijo Añez. 

No obstante, la Defensoría del Pueblo confirmó más de 800 heridos desde las elecciones del 20 de octubre, cuando se desató una ola de violencia de opositores a Evo Morales, y también desde el 11 de noviembre, un día después de la renuncia forzada del mandatario, que originó manifestaciones en rechazo al golpe de Estado.


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