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La defensa de Lula busca que el exmandatario continúe enfrentando el proceso judicial en libertad.

La defensa de Lula busca que el exmandatario continúe enfrentando el proceso judicial en libertad. | Foto: Instituto Lula

Publicado 19 junio 2018



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El próximo 26 de junio se juzgará una nueva solicitud de libertad para Lula da Silva, preso desde el 7 de abril tras un proceso sin pruebas en su contra. 

La segunda sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) juzgará el próximo 26 de junio una nueva solicitud de libertad presentada por la defensa del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva el 5 de junio.

Este nuevo recurso busca suspender los efectos de la condena impuesta al exmandatario por el Tribunal Federal de la Cuarta Región, por la cual se encuentra preso desde el 7 de abril pese a un proceso judicial sin pruebas en su contra.

Los cincos jueces que conforman la sala constitucional debatirán esta solicitud por la libertad de Lula y podrán autorizar si el Supremo analiza el recurso. 

En caso de que el recurso sea aceptado, la defensa de Lula pide que el exmandatario continúe enfrentando el proceso judicial en su contra en libertad, en correspondencia con el principio constitucional de la presunción de inocencia. 

La deliberación del nuevo recurso genera expectativas a favor de Lula, pues tres de los cinco jueces se han manifestado en contra de la prisión después de condena en segunda instancia. 

La defensa de Lula ratifica en esta solicitud que hubo diversas irregularidades en el proceso contra el precandidato presidencial. Señalan la incompetencia del juez de primera instancia, Sergio Moro, para juzgar el caso y la falta de imparcialidad del juicio. 

Lula da Silva es actualmente precandidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre próximo, en las cuales se perfila como favorito según las encuestas. Se espera que el 15 de agosto se oficialice su candidatura.

El exmandatario se encuentra preso desde el pasado 7 de abril, tras ser condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero acusado de haber recibido un apartamento de tres pisos en una playa del estado de Sao Paulo, como soborno por haber beneficiado a la constructora OAS con contratos con la petrolera estatal Petrobras. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas que confirmaran que Lula era dueño de esa propiedad. 

El supuesto apartamento que pertenecía a Lula, presentado como "prueba clave" en el caso en su contra, fue vendido por orden del juez Sergio Moro a un desconocido por 2,2 millones de reales (unos 610.000 dólares), el pasado 16 de mayo.


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