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La Constitución de Venezuela establece que los diputados de la Asamblea Nacional son a dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado.

La Constitución de Venezuela establece que los diputados de la Asamblea Nacional son a dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado. | Foto: EFE

Publicado 11 febrero 2019



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Se ordenó apertura del procedimiento de auditoría patrimonial contra el diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez por haber dado falsos datos en su declaración jurada de patrimonio, dijo el contralor Elvis Amoroso.

La Contraloría General venezolana inició este lunes un proceso de auditoría patrimonial para el diputado de la Asamblea Nacional (AN)- en desacato desde 2016-, y autoproclamado "presidente encargado" de VenezuelaJuan Guaidó, por ocultar datos sobre su bienes.

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El presidente del Consejo Moral Republicano (CMR), Elvis Amoroso, ordenó la apertura del procedimiento de auditoría patrimonial al diputado Guaidó por haber dado falsos datos en su declaración jurada de patrimonio.

En declaraciones a medio locales, Amoroso dio a conocer que Guaidó no justificó los fondos de organizaciones nacionales e internacionales que recibió siendo diputado de la República.

"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los diputados de la Asamblea Nacional son a dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado", precisó el contralor.

La declaración jurada de patrimonio es un trámite obligatorio anual que deben cumplir todos los funcionarios que ocupan cargos públicos, nacional, estadal y municipal, con el objetivo de declarar sus bienes activos y pasivos, como también los de su grupo familiar, con el fin de evitar sanciones.

Las bases legales para esta gestión están contempladas en Venezuela en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley contra la Corrupción. 


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