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La medida fue adoptada sobre los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras declaró este lunes al país centroamericano, como territorio libre de la explotación minera a cielo abierto.
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Como parte del Programa de Gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro, el organismo expresó mediante un comunicado que: "Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano".
De igual forma, en el segundo punto de la disposición, se declara a todo el territorio hondureño como territorio libre de la explotación minera a cielo abierto a partir de los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.
— MIAMBIENTE (@MIAMBIENTE_HN) February 28, 2022
Asimismo, el comunicado dispone de la moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica mediante la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones.
Como punto final, se implementa la intervención inmediata de las áreas naturales de alto valor ecológico, con el fin de garantizar su conservación para disfrute común y beneficio popular.
�� Hemos venido luchando contra estas concesiones desde hace muchos años y hoy Honduras dice ¡No a la Minería a Cielo Abierto!#NoALaMinería@MIAMBIENTE_HN: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente pic.twitter.com/J1i7QryArp
— Cehprodechn (@Cehprodechn) March 1, 2022
Esta medida constituye un antes y un después en la sociedad hondureña teniendo en cuenta la historia extractivista del país, la cual ha provocado la pobreza a más del 70 por ciento de la población, así como grandes flujos migratorios.
Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas “Informe alternativo para el Examen periódico universal”, más de 140 activistas de los bienes comunes y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2019.
La iniciativa del gobierno de Xiomara Castro materializa el reclamo popular que durante años ha provocado la muerte y situaciones de violencia a líderes sociales.
Al mismo tiempo, coloca por encima de los intereses de las transnacionales la protección al medio ambiente en correspondencia con las normas internacionales establecidas al respecto.
