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Pérez Molina está en prisión desde septiembre de 2015, procesado por el caso "La Linea" sobre defraudación aduanera.

Pérez Molina está en prisión desde septiembre de 2015, procesado por el caso "La Linea" sobre defraudación aduanera. | Foto: BBC

Publicado 30 octubre 2019



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En el marco de la investigación de este nuevo caso, la Fiscalía Especial Contra Impunidad detuvo a cinco sospechosos por lavado de dinero y otros activos.

La Policía guatemalteca detuvo este miércoles a cinco personas vinculadas al desfalco de más de 26,19 millones de quetzales (3,7 millones de dólares) al Banco de los Trabajadores, presuntamente para financiar la campaña política del expresidente Otto Pérez Molina, actualmente preso por corrupción.

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El jefe de la Fiscalía Especial Contra Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó que el caso se remonta a la campaña presidencial de 2011, cuando el Banco de los Trabajadores (entidad semiestatal), a través de la empresa Estrategias e Inversiones ARCA, S.A., financió la campaña del Partido Patriota sin reportar el respaldo al Tribunal Supremo Electoral.

La FECI realizó cinco allanamientos y detuvo a Gerson Alfredo Monterroso, Loida Eunice Valdéz, Carlos René Paredes y Marlon Renato Diéguez; por el delito de lavado de dinero y otros activos, y a Carlos Roberto Canteo, por la presunta comisión de peculado y lavado de dinero y otros activos. 


Según la investigación, los sospechosos crearon la entidad Avanzando al Progreso, S.A. como una empresa off shore, establecida fuera del país para no tributar en impuestos, siendo un centro de recaudación paralelo que recibió aportaciones anónimas de varios financistas.

Además, las transacciones fueron simuladas como operaciones comerciales y logró recolectar fondos destinados a la campaña política sin ser registrados, como lo dispone la ley.

En total hay 25 involucrados en el caso, derivado de otro proceso en el que  los implicados también estuvieron involucrados en una presunta estafa al banco por poco más de 3 millones de dólares.

Por su parte, el banco publicó un comunicado en el que asegura su colaboración con los órganos jurisdiccionales competentes y que se ha constituido como un querellante adhesivo en procesos penales desde el año 2017.


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