La iniciativa favorece a escuelas y hospitales, entidades empresariales y organizaciones benéficas.
La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss anunció este miércoles que a partir del próximo octubre, su Gobierno asumirá parte del costo de las facturas de electricidad de instituciones escolares y hospitalarias, entidades empresariales y organizaciones benéficas, para impedir que caigan en bancarrota.
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Por medio de un comunicado, la líder del nuevo Gobierno británico afirmó que el esquema reducirá los precios de la energía para los clientes no domésticos, protegiéndolos del aumento de los costos de la energía.
Durante los siguientes seis meses, el descuento se aplicará únicamente a los costos mayoristas en dependencia de lo que paga cada institución, y se prevé que signifique un ahorro del 50 por ciento en gastos por concepto de electricidad y gas, cuyos precios se han inflado significativamente en todo el mundo.
Today, we’re stepping in to protect businesses, charities and public sector organisations from record high gas prices.
— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 21, 2022
Just as we’re doing for consumers, this new scheme will keep energy bills down from October to provide additional peace of mind.https://t.co/suiGLY56UF
La iniciativa se suma a la Garantía del Precio de la Energía para los hogares, que fuera puesta en vigor con el propósito de apoyar a las familias en todo el Reino Unido, incluidas las que viven alquiladas o en casas de bosques.
El 8 de septiembre pasado, Truss estableció que temporalmente a partir del próximo 1 de octubre, un hogar promedio británico no pagará más de 2.500 libras esterlinas (equivalente a 2.880 dólares estadounidenses) en su factura de energía.
Asimismo, la primera ministra indicó que cada hogar británico recibirá desde octubre un descuento de 400 libras (aproximadamente 453 dólares estadounidenses) en su cuenta de energía anual, que será fraccionado en seis desembolsos.
Tras conocerse la medida, representantes del sector empresarial agradecieron la protección que reciben de parte del Gobierno contra el aumento en los precios de los hidrocarburos y el mercado mundial de alimentos, pero consideran que seis meses es insuficiente para lograr una recuperación efectiva.