FMLN denuncia presunta malversación del Gobierno salvadoreño

Diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador interpusieron una demanda ante el Ministerio Fiscal de ese país para la investigación de presuntos ilícitos que habría cometido el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la compra de granos con fondos destinados a salarios.

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En nombre del FMLN, la diputada Yancy Urbina dijo que los responsables de la cartera de Agricultura habrían incurrido en delitos que "comprometen la estabilidad financiera de la institución". También habrían faltado a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y a la misma Constitución de la República.

La denuncia alude a la utilización de un fondo de 55 millones de dólares por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería local, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, cuyo destino no ha sido aclarado, como mandata la ley, ante la Corte de Cuentas. 

Por este motivo,  el FMLN considera que hubo un mal uso de fondos públicos, así como posibles delitos de malversación de fondos, actos arbitrarios e irresponsabilidad en el manejo del dinero del contribuyente.

Además, Urbina detalló que el ramo de Agricultura habría hecho un uso discrecional de los recursos de su presupuesto, incluyendo aquellos destinados al pago de salarios de sus trabajadores y que en el expediente anexo que el ministerio remitió al parlamento local al hacer una petición de refuerzo presupuestario, la institución confirmó haber usado el dinero de su presupuesto para celebrar contratos de adquisición de granos básicos.

En semanas anteriores ha sido motivo de escándalo las compras que ha hecho el gobierno a empresas de familiares de funcionarios estatales, en medio de la pandemia de la Covid-19.

Este el más reciente caso que enfrenta al Legislativo y al Gobierno salvadoreño en una confrontación que antecede a la irrupción de la Covid-19 en el territorio centroamericano.

Como puntos de conflicto se encuentran los presupuestos del país, las facultades del presidente Bukele para declarar el estado de excepción, la extensión de las medidas sanitarias y las compras irregulares realizadas por el Gobierno en este contexto.