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Al exministro golpista Arturo Murillo el Departamento de Justicia de EE.UU. le sindica de lavado de dinero y corrupción.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes desde su sitio web, mediante comunicado de prensa, que bajo los cargos de lavado de dinero y corrupción, detuvo en el estado de Florida al exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quien ejerció sus funciones durante el mandato de la expresidenta golpista, Jeanine Áñez.
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“El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”, anuncia el comunicado.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia detalla que “dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero”.
El ex Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue arrestado, informó en un comunicado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La versión fue confirmada por el Ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. Murillo es investigado por corrupción. @teleSURtv pic.twitter.com/WbWvAMFI2k
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) May 26, 2021
“Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijic, 57, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51, Luis Berkman, 58, Bryan Berkman, 36 y Philip Lichtenfeld, 48, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020”, puntualiza el citado texto.
En el comunicado de prensa se puntualiza que Murillo y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal recibieron un soborno de 602.000 dólares por parte de ciudadanos estadounidenses.
Mediante el ilícito, los implicados de la parte estadounidense pretendían beneficiar a su empresa con “un contrato de aproximadamente 5.6 millones (de dólares) para proporcionar al Ministerio de Defensa de Bolivia gas lacrimógeno y otros equipos no letales”.
“Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión”, advierte el comunicado oficial.
