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La renuncia del Comandante del Ejército, Nicacio Martínez fue impulsada el espionaje ilegal a figuras públicas y políticas en Colombia.

La renuncia del Comandante del Ejército, Nicacio Martínez fue impulsada el espionaje ilegal a figuras públicas y políticas en Colombia. | Foto: La F.M.

Publicado 11 enero 2020



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Algunas de las víctimas de las actividades ilegales de varios militares fueron el senador Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana.

Últimas investigaciones de la revista colombiana Semana develaron este sábado que la renuncia del Comandante del Ejército, Nicacio Martínez en diciembre pasado estuvo relacionada con intercepciones telefónicas ilegales, corrupción de fondos para obtener fuentes de información y espionaje a políticos y magistrados.

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El medio local señala que mientras el país necesita más que nunca a los organismos de inteligencia para combatir a las bandas criminales y otras amenazas, el Ejército se ha dedicado a utilizar toda su tecnología de última generación para obtener datos de periodistas, políticos, magistrados, incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas.

Un integrante de la inteligencia extranjera expresó a Semana que la inteligencia estadounidense donó sofisticados equipos, sin embargo empezaron a recibir información de que algunos militares los estaban usando para fines ilegales. 

“Empezamos a notar que nos estaban pidiendo más dinero del habitual con el pretexto de conseguir fuentes de mucho interés. Sin embargo, nos dimos cuenta que estaban bajando la información de internet”, señaló el oficial refiriéndose a los apoyos económicos para pagar fuentes.

 “Acá se empezó a hacer lo que se hacía en otras unidades de inteligencia como la Rimec. Se creaban informes falsos, basados en fuentes que no existían para conseguir unos recursos que se repartían entre los mandos”, confirmó un militar que trabaja en el batallón de ciberinteligencia quien asegura que esas prácticas continúan.

Otro militar, perteneciente a uno de los batallones de ciberdefensa, aclaró que ninguna de las operaciones se realizaba sin el conocimiento del alto mando militar.

Los entrevistados aseguraron que las órdenes venían directamente desde el Comando (instancia superior a los batallones de ciberinteligencia) sin ningún tipo de requerimientos o documentos.

Señalan que por los blancos y las misiones, estas tenían un carácter estrictamente político. Un suboficial del Ejército dijo a Semana que a él le asignaron un número de celular y datos, como el correo electrónico, de una supuesta oficial que afectaba los intereses del Ejército, sin embargo, la persona a investigar era la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Ante la reticencia de los suboficiales a investigarla, el mando dio la orden de continuar y entregar la información a "un reconocido" político del Centro Democrático, partido de Alvaro Uribe.

Estos hechos comprometen al Ejército y podrían salpicar al Gobierno Nacional. Específicamente se encuentran implicados los batallones de ciberinteligencia (BACIB) que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi). Estos dos dependen orgánicamente del Comando de Apoyo de Inteligencia militar (CAIMI) y del Comando de Apoyo de Contrainteligencia Militar (Cacim).

Además, una de las fuentes expresó que a través del sistema "El hombre invisible" se compró una plataforma tecnológica bajo la orden del (Caimi) y que fue vendida a un militar retirado y a uno activo por 3.000 millones de pesos.

Luego de la renuncia de Nicacio Martínez, el nuevo ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García ordenó una investigación interna a pocos días de ser posesionado en el cargo.Hasta el momento, el Ministerio de Defensa o el Ejército Nacional no han ofrecido declaraciones al respecto.

Por su parte, el presidente Iván Duque defendió al excomandannte del Ejército Nacional, Nicacio Martínez y afirmó que no salió del cargo por un presunto escándalo de "chuzadas" a magistrados y periodistas desde las Fuerzas Militares sino por motivos personales. Añadió que su gobierno tiene tolerancia cero con conductas en contra de la ley.


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