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La norma prevé la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y a las fortalecer las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

La norma prevé la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y a las fortalecer las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. | Foto: EFE

Publicado 20 julio 2021



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La Ley facilitaría tener el conteo oficial de víctimas, con datos de archivos, bases documentales y obras de referencia.

El Consejo de Ministros español aprobó este martes la nueva ley de Memoria Democrática que aspira a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura e impedir que se ensalce el franquismo, por lo que inicia su camino hacia la tramitación por el parlamento.

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El Ejecutivo aprobó esta medida diez meses después de que contara con el primer visto bueno por parte del Gobierno, luego de ser promovida e impulsada por la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, en septiembre de 2020 en medio de la pandemia.

Con el proyecto, se pretende mejorar y ampliar la Ley de Memoria Histórica de 2007, todavía vigente, aprobada por el expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
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El Ejecutivo ha querido subsanar las carencias de esta ley previa a partir de una reforma que ha pasado por un largo proceso antes de su remisión a las Cortes.

Con la normativa, se contempla extinguir las fundaciones franquistas que humillen a las víctimas, resignificar el Valle de los Caídos, declarar nulos los juicios represivos e impulsar exhumaciones

El Estado tendrá la obligación de asumir la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Pese a tener la Ley de Memoria Histórica, unas 3.000 fosas comunes fueron descubiertas por asociaciones de voluntarios.

Tampoco se conoce la cifra pública de desaparecidos, a excepción de los datos de la Audiencia Nacional de 2008 que los cifra en 114.226 desaparecidos forzosos.

Con la aplicación de esta ley se crearía un Banco Nacional de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos y la creación de una Fiscalía de Sala que investigue los delitos cometidos en esa época.

Como parte de su primera intervención en rueda de prensa tras el encuentro del nuevo Gabinete de Pedro Sánchez, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó que el proyecto homologa la legislación española al resto de países europeos y cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en temas de memoria histórica, verdad, justicia y reparación.

Asimismo, prevé “la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y los derechos fundamentales, de su historia y su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea, así como el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de Estado del 36 y de la posterior dictadura”.

También estará centrada en tres ejes: primero, poner a las víctimas en el centro de la acción política; segundo, poner el valor de las mujeres que “sufrieron la misma represión, pero agravada por su condición de mujeres”; y el tercero, dar importancia al movimiento memorialista.


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