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Las relaciones de Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico han sido reiteradamente denunciadas por el pueblo colombiano.

Las relaciones de Álvaro Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico han sido reiteradamente denunciadas por el pueblo colombiano. | Foto: EFE

Publicado 31 agosto 2020



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La conexión del exmandatario con el crimen organizado se desarrolló desde antes de su fase como Gobernador de Antioquia.

Un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, recientemente desclasificado, demuestra que las relaciones del expresidente y exsenador colombiano, Álvaro Uribe Vélez, eran monitorizadas por ese país desde el primer período presidencial de Uribe.

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El documento, un memorando divulgado por el Archivo Nacional de Seguridad estadounidense en su página web oficial, está fechado en agosto de 2004 y firmado por el entonces asistente del secretario de Defensa, Peter W. Rodman.

El mismo hace referencia a un reporte de los Servicios Especiales estadounidenses, del año 1991, en el que se afirma que Uribe Vélez estaba relacionado con narcotraficantes, específicamente Pablo Escobar y el Cártel de Medellín.

Rodman afirmó la “casi seguridad” de que Uribe, en el período subsiguiente, sostuvo tratos con los paramilitares, en momentos en que fungía como Gobernador del Departamento de Antioquia, citando nuevamente informaciones de inteligencia.

Este documento, unido a cables diplomáticos estadounidenses, reportes de inteligencia y notas de confidentes, fueron obtenidos por el instituto de investigación del Archivo Nacional de Seguridad a través de solicitudes en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estados Unidos.

Según la institución, el proceso de desclasificación no arrojó evidencias de que el Gobierno de Estados Unidos, que en aquel momento encabezaba George W. Bush, teniendo como secretario de Defensa a Donald Rumfsfeld, haya hecho acción alguna con base en este informe.

Todo lo contrario, en otro documento desclasificado, un funcionario de alto nivel del Pentágono elogió que el ejército de Uribe hubiese asesinado a 543 rebeldes de las entonces activas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y capturase a 1.063 más en la primera mitad de 2003.

Álvaro Uribe se encuentra sujeto a la medida cautelar de reclusión domiciliaria, por haber sido imputado en un proceso criminal, por el supuesto soborno a exparamilitares, con el objetivo de que esto no lo involucraran con actividades del crimen organizado.

Docenas de legisladores, incluyendo aliados de Uribe, han sido encarcelados y condenados por vínculos con paramilitares en Colombia, lo que establece una clara conexión entre la política y los grupos armados irregulares.


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