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La medida quedará vigente para las regiones de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante al menos 30 días.

La medida quedará vigente para las regiones de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante al menos 30 días. | Foto: El Universo

Publicado 29 junio 2022



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Junto a esta disposición también se establece como Zona de Seguridad al área que comprende las zonas donde se encuentran los campos de explotación de hidrocarburos.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró este miércoles el estado de excepción para cuatro provincias del país en respuesta a la continuidad de las protestas en el marco del paro nacional que cumple esta jornada 17 días.

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Menos de 24 horas después de que decide abandonar las mesas de diálogo, Lasso proclama una medida que quedará vigente para las regiones de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana durante al menos 30 días.

"Esta decisión tiene el objetivo de recuperar el orden público, controlar situaciones de violencia, proteger áreas reservadas, asegurar la provisión de medicamentos, gases medicinales, oxígeno para hospitales y clínicas, combustibles y alimentos, y la integridad de la ciudadanía", alega la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

Junto a esta disposición también se establece como Zona de Seguridad al área que comprende las zonas donde se encuentran los campos de explotación de hidrocarburos de las localidades de Orellana y Sucumbíos.

"Entre las medidas en el marco del estado de excepción, se restringirá la libertad de tránsito en Azuay todos los días desde las 21:00 hasta las 05:00. En Sucumbíos y Orellana, todos los días desde las 19:00 hasta las 05:00. Y en Imbabura no habrá restricción de este tipo", subraya el texto.

Este martes, luego de la disposición de los protagonistas del paro de sentarse a dialogar con el Ejecutivo, el Gobierno de Lasso decidió dejar las mesas de intercambio por lo que las protestas continúan.

Hasta el momento no hay forma de que se visualice el final de las manifestaciones, más si no se cumplen las exigencias de los protagonistas de las marchas, expresadas al Gobierno en diez puntos fundamentales.


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