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En 2019 el Parlamento ecuatoriano rechazó la ampliación de las causales del aborto en un proyecto de reformas.

En 2019 el Parlamento ecuatoriano rechazó la ampliación de las causales del aborto en un proyecto de reformas. | Foto: EFE

Publicado 10 noviembre 2020


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En Ecuador cerca de un 25 por ciento de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual, la mayoría en la infancia.

Organizaciones feministas y por los derechos humanos en Ecuador presentaron este martes una demanda de inconstitucionalidad con respecto a un artículo del Código Penal para que se amplíe la despenalización del aborto bajo el supuesto de violación, ante la Corte Constitucional de Ecuador.

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Ana Cristina Vera, directora ejecutiva de la organización Surkuna destacó a la prensa que el objetivo de su encuentro es despenalizar el aborto para todas las mujeres, víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en este país, "y que se deje de discriminar a las víctimas (de violación) que no tenemos discapacidad en nuestro derecho a un aborto".

En la cita se reunieron representantes de varias organizaciones feministas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y el Movimiento de Mujeres de El Oro.

El documento se presentó ante la máxima instancia judicial ecuatoriana. El mismo se refiere al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que permite el aborto en casos de violación a una mujer con discapacidad mental, lo que los grupos defensores de derechos humanos aducen que se trata de una discriminación con respecto al resto de víctimas que han quedado embarazadas producto de violencia sexual.

Según las investigaciones, en Ecuador aproximadamente un 25 por ciento de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual, la mayoría en la infancia y en la adolescencia. Para Ana Cristina Vera la pandemia agravó la situación y provocó un incremento de las causas de violencia sexual contra las mujeres y menores, con consiguientes embarazo en niñas y adolescentes.

En 2019, el Parlamento ecuatoriano rechazó la ampliación de las causales del aborto en un proyecto de reformas al COIP y la Corte Constitucional consideró un error de técnica legislativa una demanda para revisar un veto presidencial al proyecto.

En Ecuador el aborto es permitido solamente si la vida de la mujer está en peligro o el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.


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