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El debate se basa en una agenda de 11 puntos incriminatorios contra la fiscal general del país suramericano.

El debate se basa en una agenda de 11 puntos incriminatorios contra la fiscal general del país suramericano. | Foto: diputados.gov.py

Publicado 25 julio 2022



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Esta es la tercera vez que intentan llevar a la fiscal general Quiñónez a un juicio político, acusada de corrupción y malos procederes.

La Cámara de Diputados de Paraguay reanudará este lunes el debate sobre el juicio político a la fiscal general, Sandra Quiñónez, acusada de proteger al expresidente Horacio Cartes y al crimen organizado de diversas formas.

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Una de las promotoras del juicio, la diputada Kattya González, reflexionó con dureza que “mientras a tu hijo le matan en una esquina por un celular, un juez ordena protección policial para el contrabando” y la policía acompaña la ruta de los contrabandistas, aludiendo a los escenarios que presuntamente ha propiciado Quiñónez.

Con 49 votos a favor y 29 en contra, el domingo la cámara baja decidió aplazar  para este lunes a partir de las 14:00 horas la exposición del libelo acusatorio de 11 puntos contra la alta funcionaria, de los cuales han tratado solamente dos.

Los acusadores expusieron evidencias sobre los acápites del blindaje al expresidente Cartes y el caso del avión iraní que aterrizó en suelo paraguayo repleto de cigarrillos para venderlos a Estados Unidos sin contratiempos.

“El expresidente Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente”, reza el documento incriminatorio.

Entre los nueve puntos restantes, están los casos del financista sospechoso de lavado de dinero Darío Messer, la inacción deliberada para la recuperación de activos, la falta de acción oportuna en relación a informes de las autoridades, la parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la fiscalía que tomó acciones diferentes ante procesos similares, por sólo citar algunos.

Este es el tercer intento de proceso contra la fiscal, que precisa del apoyo de 53 legisladores de los 80 que componen la Cámara Baja para continuar su curso legal.

Mientras esto sucedía, en las afueras del Congreso hubo enfrentamientos entre agentes de la policía nacional y manifestantes que pedían la destitución de Quiñónez.   


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