Cuestionan intervención de transporte por Gobierno salvadoreño

Medios de prensa de El Salvador informan que este lunes cientos de personas debieron hacer largas filas y esperar horas en la capital, San Salvador, para abordar buses de las rutas 42 y 152 y trasladarse a sus centros de trabajo.

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El control de esos medios de transporte fue tomado por el Gobierno de ese país centroamericano este domingo, luego de la detención el sábado de su propietario, el empresario Catalino Miranda, acusado de incrementar las tarifas del pasaje de manera ilegal y obstaculizar la vía pública.

Tras su detención, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dio a conocer la suspensión de los permisos de circulación y un subsidio a los 293 vehículos que cubren ambas rutas (78 buses y 215 microbuses), propiedad de Miranda, uno de los líderes del sector.

El presidente del país, Nayib Bukele, autorizó utilizar a militares para conducir los transportes y brindar el servicio de manera gratuita.

Ante las demoras ocurridas este lunes, los viajeros señalaron que había mala organización de los encargados y los conductores no conocían el recorrido.

Sin embargo, Bukele respaldó la intervención de las rutas, aseguró que no se quedará sin trabajar ni una unidad de transporte e instó a los transportistas a cumplir las tarifas y la ley.

Además, ordenó al Ministro de la Fuerza Armada, René Merino Monroy, preparar a más soldados como conductores para ampliar las operaciones si otras rutas deciden ir al paro.

Objetan el arresto de Miranda

El representante de la Mesa Nacional de Transporte, Luis Regalado, declaró a la prensa local que no se descarta un paro de labores hasta que no conozcan las razones por las que el Gobierno está actuando contra empresarios de transporte.

Respecto a Miranda, quien preside la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans) e integra la Unión Nacional del Transporte (UNT), Regalado dijo que su detención no está clara.

Inquirió si se debió a cuestiones personales o a negociaciones en curso entre el Gobierno y los transportistas, en que estos quieren abordar la reforma a la ley del transporte, la compensación económica y otros temas.

Las diputadas Anabel Belloso y Claudia Ortiz declararon a medios locales que no existe argumento legal que faculte la detención de Miranda.

Añadieron que las imputaciones al transportista se circunscriben a un tema administrativo, según la Ley de Transporte Terrestre vigente, que establece que alterar las tarifas autorizadas por las autoridades respectivas conlleva una multa equivalente a 500 colones (57 dólares).

Alarmas ante “acto de expropiación”

En un comunicado, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expresó que ve con profunda preocupación lo que llamó “actos de expropiación y la confiscación acontecidos este fin de semana contra el transporte público”.

Agregaron que ello coarta el derecho a la propiedad privada y la libre empresa, que puede brindar un mensaje contrario a la inversión extranjera en el país y que viola artículos de la Constitución.

Por su parte, Bukele dejó claro que intervendrá más unidades del transporte si fuese necesario e invocó un artículo constitucional que faculta al Estado a tomar a su cargo los servicios públicos cuando así lo exijan los intereses sociales.

En esa dirección, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, negó que se estén expropiando los vehículos de transporte de Miranda y justificó su detención por considerar que violó la ley.