Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
La empresa nació en Guatemala hace 12 años con el mandato de depurar al Estado de aquello que le proporcionara impunidad y corrupción, pero el organismo ahora está bajo el asedio presidencial.
El próximo domingo, miles de guatemaltecos están convocados a participar en unos nuevos comicios generales, en un país que se encuentra en un contexto político, económico y social complicado y cuyo actual mandatario, Jimmy Morales, estuvo involucrado con un caso de corrupción.
En el marco de esta situación compleja, aparece el organismo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que ha sido cuestionada desde diversos sectores, especialmente el gubernamental, desde donde Morales ha promovido la inhabilitación de esta Comisión.
La Cicig nació en Guatemala hace 12 años con el mandato de depurar al Estado de aquello que le proporcionara impunidad y corrupción, pero el organismo ahora está bajo el asedio de la Presidencia de Jimmy Morales.
En este organismo radica una gran importancia, ya que en poco más de una década de trabajo, sus investigaciones derivaron en más de cien casos de alto impacto que han llegado a los tribunales, de los cuales se produjeron alrededor de trescientas condenas.
Asimismo, hay dos expresidentes imputados y el presidente actual, Morales promovió la inhabilitación de la Comisión tras realizarse su acusaciones, entidad que durante su mandato ha podido reducir la impunidad y proponer reformas en el sistema penal y judicial destinadas a profundizar en la lucha anticorrupción.
A principios de 2019, Morales decidió de forma unilateral dar por terminado el mandato de la entidad internacional, aunque esta sigue en activo hasta que el próximo 3 de septiembre concluya el periodo de su última renovación.
Pese a que tiene una fecha de caducidad, son muchas las voces que apoyan a la comisión y consideran que el balance en este tiempo ha sido positivo, por lo que apuestan por su continuidad.
Contra la exfiscal, candidata a la Presidencia, existe una campaña de desestabilización, evidenciada cuando un juez ordenó su arresto por malversación, mentiras y fraude fiscal.
Aldana fue clave en el trabajo de la Cicig en revelar casos de corrupción que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros cargos públicos.
