Los exministros de Salud durante el Gobierno de facto, Marcelo Navajas y María Eidy Roca, son procesados al respecto junto a otros funcionarios.
La Fiscalía boliviana concluyó la investigación sobre la presunta compra a sobreprecio a una empresa española, durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, de 170 respiradores para hacer frente a la pandemia de coronavirus, y emitió una acusación formal para iniciar juicio contra los encartados en el hecho.
LEA TAMBIÉN:
El fiscal general boliviano, Juan Lanchipa, afirmó que los fiscales "ya emitieron el requerimiento conclusivo de acusación y estamos a la espera de la reapertura de los juzgados para que se ponga en conocimiento de la autoridad jurisdiccional”.
El caso de los 170 respiradores significó un daño económico de más de 15 millones de pesos bolivianos (2.174.668 dólares).
El escándalo estalló en mayo de 2020, tras hacerse público que el Gobierno de facto pagó más de 27.000 dólares por cada respirador a la empresa española GPA Innova, mientras su precio de mercado no superaba los 7.000 dólares. Otra empresa española, IME Consulting, actuó como intermediaria.
FISCALÍA YA EMITIÓ REQUERIMIENTO CONCLUSIVO DE ACUSACIÓN EN CASOS RESPIRADORES ESPAÑOLES Y CHINOS; SE AGUARDA LA REAPERTURA DE JUZGADOS#FiscalíaGeneralDelEstadohttps://t.co/yDtodI3vQe pic.twitter.com/jmTLjJu4Td
— Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) December 29, 2021
Tras el descubrimiento, se destituyó al ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien apenas estuvo un mes frente a la cartera sanitaria durante el ilegal mandato de Áñez. Navajas fue detenido y enviado a prisión preventiva, junto con otros implicados en la gestión de la compra.
Según peritos, pese a que el fin de la compra era emplear estos equipos en las terapias intensivas durante la primera ola de la pandemia, estos no pudieron utilizarse porque no reunían las condiciones funcionales para ese tipo de servicio vital.
“Tienen muchas limitaciones técnicas y no pueden ser utilizados en Cuidados Intensivos de servicio Covid-19 o no Covid-19”, indicó un comunicado institucional.
Medios locales reflejan que otra exministra de Salud durante el Gobierno de facto, María Eidy Roca, así como otros exfuncionarios, fueron imputados por la adquisición a sobreprecio de 300 respiradores chinos.
De acuerdo con la denuncia, cada equipo se compró por 30.000 pesos (4.349 dólares), cuando su costo real era de 8.000 (1.159 dólares).