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 De acuerdo con el instituto, durante el periodo preelectoral de 2022 tuvo lugar el paro armado del Ejército de Liberación Nacional en 12 departamentos del país

De acuerdo con el instituto, durante el periodo preelectoral de 2022 tuvo lugar el paro armado del Ejército de Liberación Nacional en 12 departamentos del país | Foto: PL

Publicado 13 mayo 2022



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En el 59% de los municipios donde se reportan actos delictivos contra líderes y lideresas son ejecutados por grupos armados.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia comunicó este viernes que con 581 actos violentos contra líderes políticos, sociales y comunales, el período preelectoral de los comicios legislativos 2021-2022 representa el más violento de los últimos 12 años en la nación.

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En este sentido, el ente precisó que con relación al período preelectoral de 2018, las agresiones contra los liderazgos se alzaron en un 109 por ciento; así pues las cifras indican que los índices de violencias están en crecimiento desde las elecciones de 2019.

“Este incremento de violencia contra los líderes y lideresas además está enmarcado en un contexto de reconfiguración del conflicto, caracterizado por una consolidación de múltiples grupos armados ilegales, beneficiados con la incapacidad del Estado de ocupar los territorios”, señaló la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

En consonancia, la ejecutiva precisó que con relación al período de 2020 a 2021, para la etapa preelectoral de 2022, las acciones de las bandas armadas aumentó un 19 por ciento, reportando 59 operaciones criminales.

Así, por ejemplo, fueron registrados  ocho actos terroristas, el bloqueo de 11 carreteras, 10 vehículos incendiados, el cierre de 23 terminales de transporte, el asesinato de un líder social y hechos de amedrentamiento.

De acuerdo con el instituto, durante el periodo preelectoral de 2022 tuvo lugar el paro armado del Ejército de Liberación Nacional en 12 departamentos del país

De acuerdo con la ejecutiva, Alejandra Barrios, “este contexto evidencia la necesidad de que el gobierno adopte medidas y esquemas de seguridad que respondan a la lógica de protección colectiva y que tomen en consideración las características étnicas y territoriales de sus beneficiarios”.


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