JEP llamó al general retirado Luis Montoya a rendir versión sobre falsos positivos con indígenas del pueblo Awá.
La versión del mayor general en retiro Luis Montoya Sánchez sobre un caso de falso positivos en la comunidad colombiana Awá, programada para este lunes 6 de junio, fue suspendida ya que el militar manifestó estar en búsqueda de un apoderado.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que programará esta diligencia garantizando el derecho a la defensa del exjefe castrense, indicó la entidad colombiana.
La JEP llamó al mayor general en retiro para que rinda su versión de los hechos en el caso que investiga ejecuciones y asesinatos en contra de integrantes del pueblo Awá y otros civiles durante el 2006.
#Atención| La versión del mayor general (r) Luis Montoya Sánchez, programada para este lunes 6 de junio por el #Caso02, fue suspendida ya que Montoya manifestó estar en búsqueda de un apoderado.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 6, 2022
��La magistratura reprogramará esta diligencia garantizando su derecho a la defensa.
En esta audiencia, la JEP tocará el tema competente del caso #002 que investiga sobre incidentes en Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, ubicados en el departamento de Nariño.
De acuerdo con la investigación entregada por la JEP, este asunto compete temas de muertes de civiles y de integrantes del pueblo Awá.
Estas defunciones han sido reportadas como supuestas bajas en combate en contra de la “Columna Mariscal Sucre” de las antiguas FARC-EP ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, agrupación que operaba en los municipios antes mencionados.
Audiencia dónde se esperaba escuchar a militar retirado involucrado en falsos positivos ante la JEP fue suspendida, las víctimas aseguran que se busca dilatar para que no se conozca la verdad del conflicto en Colombia. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/wuo4AS9v1r
— Hernán Tobar (@TobarteleSUR) June 6, 2022
Según el tribunal especial, fue justo en 2006 cuando se dio un pico de “desplazamientos y confinamientos de población civil por enfrentamientos y combates entre la fuerza pública y grupos armados”, entre una serie de hechos victimizantes registrados desde 1990 hasta el 2016.