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La otrora ministra fue consejera del CDE entre febrero de 2017 y octubre de 2018

La otrora ministra fue consejera del CDE entre febrero de 2017 y octubre de 2018 | Foto: radioagricultura.cl

Publicado 23 agosto 2021



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A la exministra se le acusa de malversación en el período en que ocupó el cargo durante el primer Gobierno de Bachelet.

Para el 5 de octubre fue fijada la audiencia de formalización de la exministra de Justicia, Javiera Blanco, y otras seis personas, entre ellos, tres generales de los Carabineros, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos. A todos se les imputa la malversación de fondos públicos.

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La audiencia se debe a la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en marzo del 2020, la cual acusa que, en calidad de subsecretaria de Carabineros, Blanco recibió pagos improcedentes específicamente entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, por una suma total no inferior a 47 millones de pesos.

Entre los antecedentes que se manejan contra Blanco está la declaración del coronel de Carabineros, Enrico Navarrete, quien declaró al Ministerio Público que “el dinero de gastos reservados que se enviaban desde la Dirección de Finanzas a manos de la subsecretaria Javiera Blanco, puedo señalar que llegaban mensualmente. Yo veía el momento en que el capitán Ángelo Estay se los entregaba en las manos a la subsecretaria Javiera Blanco”.

Aunque en su acción legal el Consejo de Defensa del Estado (CDE) menciona a 15 personas, la Fiscalía Centro Norte solo pidió formalizar a siete el próximo 5 de octubre: en concreto, deberán comparecer los ex generales directores Eduardo Gordon (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos (2015-2018).

Los altos oficiales se suman a una larga lista de mandos importantes del Ejército y la Policía de Investigaciones (PDI) que se encuentran involucrados en distintos procesos por corrupción.

El más reciente es el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, a quien la pasada semana un fiscal pidió su formalización y la de su esposa como responsables de malversación de fondos públicos, lavado de dinero y falsificación de documentos.


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