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Se estima este sábado se produzcan más de 260 manifestaciones en 251 ciudades del país y otras 16 naciones.

Se estima este sábado se produzcan más de 260 manifestaciones en 251 ciudades del país y otras 16 naciones. | Foto: @MST_Oficial

Publicado 1 octubre 2021



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El descontento popular contra la gestión de Bolsonaro ha ido creciendo, incluso entre partidos de derecha y centro derecha, ante la crisis agravada que vive la nación.

Más de 80 organizaciones sindicales y líderes de 21 partidos políticos, unidos a diferentes sectores de la sociedad civil brasileña saldrán a las calles nuevamente este sábado pidiendo la destitución o celebración de un juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro por su mala gestión y políticas contrarias a los intereses del pueblo.

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Las movilizaciones se efectuarán en 251 ciudades y 16 países, ha sido gestada por el Frente Brasil Popular, Pueblo sin Miedo, y el Frente Nacional Fora Bolsonaro de conjunto con formaciones políticas en busca del cese del hambre y la crisis económica que vive la nación, la creciente inflación y las más de 600.000 vidas que ha cobrado la pandemia de Covid-19.

Destaca el hecho de que en esta oportunidad además de los partidos de izquierda y centro-izquierda, también estarán representados otros de postura centro-derechista y de derecha como Cidadania, Demócratas, Movimiento Democrático brasileño, Partido Liberal presente, Solidaridad, Partido de la social Democracia Brasileña, Pastido social Democrático, Novo y el Partido Social Liberal entre otros.

"El programa de este sábado evidencia el crecimiento y proporción nacional e internacional que ha alcanzado este movimiento. O destituimos al presidente de su cargo o seguiremos viendo un aumento del desempleo, el hambre y la pobreza. La crisis social y económica, que es bastante grave, solo se agrava con los excesos de Bolsonaro y su familia”, indicó el coordinador nacional de la Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim.

Mientras, desde la convocatoria del Frente Brasil Popular sostuvieron que “Hay que escuchar la voz de las calles y vamos a ser esas voces el 2 de octubre y en todas las fechas que se presenten. Hasta que Bolsonaro sea destituido para ser juzgado por los crímenes que cometió y comete a diario contra los brasileños no cesaremos”.

Igualmente, se confirma su participación en la movilización sabatina líderes de movimientos evangélicos, católicos y populares, artistas, deportistas, estudiantes y los presidentes de todas las centrales sindicales, como parte de una agenda que contará además con una ceremonia ecuménica, intervenciones de líderes políticos y la comunidad indígena, presentación de artistas y ejecución del Himno Nacional.

Movimiento de repulsa contra el mandatario brasileño que incorporará otras acciones desde el desacuerdo con sus políticas a nivel de calles, plazas, centros de trabajo y terminales de transporte público, siempre priorizando la seguridad y respeto por los protocolos sanitarios impuestos ante la presencia del coronavirus.

Acciones contundentes

A medida que el descontento popular por la gestión del Ejecutivo crece, las acciones solicitando el impeachment de Bolsonaro se suceden.

“En un país de 212 millones de habitantes, cuya mayoría, según todas las encuestas, rechaza y desaprueba a Bolsonaro, es urgente que el Congreso Nacional escuche el clamor popular y acepte la apertura de un juicio político para que Bolsonaro sea destituido y sus crímenes investigados y intentó. Ya hay más de 130 solicitudes archivadas en la presidencia de la Cámara de Diputados, mientras el país se hunde en el barro presidencial”, remarcaron los gremios sindicales aglutinados por la Central Única de los Trabajadores.

Por su parte, el pasado El 15 de septiembre, los partidos de oposición y de centro se reunieron en la Cámara de Diputados y crearon un comité pro-juicio político que unificará las acciones presentadas contra Jair Bolsonaro.

Asimismo, esta lunes 27 de septiembre el Parlamento brasileño desaprobó 12 vetos presidenciales, ante crecientes contradiccciones entre el Gobierno y el máximo poder Legislativo.

En consonancia con esta decisión se retomaron proyectos como permitir que los partidos políticos se organicen en una federación por un período mínimo de cuatro años; las transferencias gubernamentales para ampliar el acceso de las escuelas públicas a internet de alta velocidad; y la suspensión de la prueba de vida del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social).


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