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La Policía de Santa Cruz custodia instalaciones y realiza otras acciones para que grupos de la derecha no perturben la paz pública.

La Policía de Santa Cruz custodia instalaciones y realiza otras acciones para que grupos de la derecha no perturben la paz pública. | Foto: EFE

Publicado 31 diciembre 2022



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Once de los detenidos fueron imputados por delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, incendio y robo agravado.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó este sábado que al menos 21 personas han sido aprehendidas por los actos de vandalismo ocurridos la víspera en la ciudad de Santa Cruz, durante la jornada de paro convocada por la derecha tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

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A través de sus redes sociales, Del Castillo precisó que esas personas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva y sentencia.

Detalló que entre los arrestados a consecuencia de los ataques a efectivos policiales y la destrucción de propiedad pública y privada se halla un ciudadano que estaba en posesión de un arma de fuego.

El funcionario precisó que 11 de los detenidos fueron imputados por los delitos de asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, incendio y robo agravado. Un grupo de ellos recibieron sentencia y se les privó de libertad.

Informó que nueve personas involucradas en la quema de la Fiscalía cruceña fueron enviadas a prisión de manera preventiva. Entre otros, se les acusa por los delitos de incendio, destrucción de bienes del Estado y robo agravado.

Además, dio a conocer que fueron sentenciadas cinco personas por la destrucción de las instalaciones de la Fiscalía de Distrito en el departamento de Cochabamba.

Del Castillo exhortó a la población a mantener la tranquilidad y enfatizó que “la Policía Boliviana está realizando su trabajo constitucional evitando que grupos irregulares siembren dolor en el pueblo cruceño”.

Camacho fue aprehendido el jueves para que declare sobre el caso Golpe de Estado I. Con posterioridad, la Justicia determinó su detención preventiva por cuatro meses en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Tras su encarcelación, grupos de choque vinculados a la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC) perpetraron ataques a policías, quemaron oficinas públicas y automóviles, e incluso intentaron tomar la sede del Comando Departamental policial, entre otros hechos violentos.


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