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En audiencia cautelar se determinará si montero enfrenta el proceso en libertad o bajo arresto.

En audiencia cautelar se determinará si montero enfrenta el proceso en libertad o bajo arresto. | Foto: La razón

Publicado 7 septiembre 2021



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La Fiscalía le imputa a Montero delitos de presunto genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, asociados a la masacre de Senkata.

La Fiscalía General de Bolivia dispuso este martes la aprehensión al excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, tras acudir a prestar declaración sobre los sucesos asociados a la masacre de Senkata, por los cuales es investigado ante la presunta comisión de delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves.

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“Comunico al pueblo boliviano, que el Ministerio Público ha determinado la aprehensión del excomandante de la Policía Boliviana, Rodolfo Montero, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en relación a la masacre de Senkata", indicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

La orden de detención fue emitida por los fiscales Wálter Lora,  Favio Maldonado e Iván Cernadas, en tanto Montero fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Autoridades del Ministerio Público señalaron que en la audiencia cautelar se definirá si Montero encara el proceso bajo libertad o desde su condición de detenido.

El 14 de noviembre de 2019, dos días después de perpetuarse el golpe de Estado contra Evo Morales, la expresidenta de facto Jeanine Áñez, nombró en el cargo de comandante de la Policía a Montero, en detrimento de Yuri Calderón.

El 19 del propio mes la represión policial-militar al cerco tendido por sectores sociales a la planta de hidrocarburos de Senkata, dejó un saldo de diez muertos y decenas de heridos por impacto de bala.

Por su parte, familiares de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, Betanzos y Montero se congregaron en la ciudad de La Paz para exigir el procesamiento de las autoridades que aprobaron el “Decreto de la muerte” durante el golpe de Estado de 2019 para exigir el enjuiciamiento de los impulsores del régimen de facto como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, entre otros.


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