Bolivia busca extradición de exministro de Gobierno de facto

El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, informó este lunes que las autoridades gestionarán extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, durante la gestión de Jeanine Áñez, al tiempo que cumpla la condena que le imponga la justicia de Estados Unidos.

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 “Una vez él sea condenado y cumpla su condena allí (...) vamos a poder activar el procedimiento de extradición que se está encausando dentro de nuestro país”, dijo en entrevista a medios locales el procurador general.

Chávez también señaló que la justicia boliviana prevé abrir un juicio civil contra Murillo, por lo cual ya las autoridades de este país envían información a los abogados que gestionan el caso en Estados Unidos.

El procedimiento puede llevarse a cabo de manera paralela al juicio penal, según Chávez, quien alertó que el “daño económico” causado por Murillo puede ser mayor.

“Se trata de una causa para recobrar los activos por el daño económico ocasionado en el caso Gases Lacrimógenos. Pasamos la información al bufete (Greenberg Traurig) para rescatar ese sobreprecio”, agregó.

Según el procurador, el daño causado no es cualquiera, dado que, al negociarse en pandemia, cuando el país necesitaba los recursos para salvar vida, ese daño tiene un monto adicional.

El exministro Murillo fue detenido en la nación norteamericana el pasado 26 de mayo por presunto pago de sobornos y bloqueo de capitales. Se presupone que cometió los delitos en el caso de la compra con sobreprecio del material antidisturbios, conocido como Caso gases lacrimógenos en la nación andina.

En ese caso están presuntamente implicados el exministro López, cuyo paradero no está confirmado, pese a que las autoridades de Bolivia creen que se encuentra en territorio brasileño.

Según los datos del Gobierno boliviano, la compra de los materiales antidisturbios tuvo un coste de 5.600.000 dólares, aunque el precio real era de 3.300.000 dólares.