Tras más de diez horas de debate, la iniciativa fue aprobada con 40 votos a favor, mientras que 26 mostraron su rechazo.
El Senado de Argentina aprobó este jueves el proyecto de ley para reformar el Poder Judicial que busca la unificación de fueros y crear más juzgados y fiscalías.
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Tras más de diez horas de debate, la iniciativa fue aprobada con 40 votos a favor, mientras que 26 mostraron su rechazo.
��Con 40 votos afirmativos y 26 en contra queda aprobado el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 28, 2020
En el cierre de la discusión, el presidente del bloque oficialista, José Mayans, destacó que el proyecto apunta "al fortalecimiento de la justicia" en todo el país y remarcó que se trata de "una inversión para combatir los flagelos que destruyen los Estados"
��"Tenemos un buen proyecto que mejora la Justicia en todo el país. Aspiramos a una Justicia transparente, libre e independiente y vamos a canalizar el esfuerzo del pueblo argentino para salir de la crisis del #Covid19 y de lo que dejó el gobierno de Macri", concluye Mayans
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 28, 2020
Por su parte la senadora del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Sacnun advirtió que harán falta más leyes para avanzar en una verdadera reforma judicial en Argentina.
La senadora afirmó que el país “tiene la necesidad de recuperar la plena vigencia de las garantías constitucionales” y recordó que la reforma judicial fue una propuesta de campaña del presidente Alberto Fernández.
��️ EL SENADO APROBÓ pic.twitter.com/HfvRvvMPBH
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 28, 2020
Desde el Gobierno, han señalado que la normativa es necesaria para resolver un problema que el país arrastra desde hace décadas, pero que se habría visto exacerbado durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).
El proyecto de reforma judicial es rechazado por buena parte de la oposición al considerar que es un plan para garantizar 'impunidad' a exfuncionarios kirchneristas acusados por corrupción.