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El equipo de abogados de Milagro Sala había advertido que en el nuevo juicio iniciado contra la dirigente social quedó al descubierto cómo opera la Justicia de la provincia de Jujuy.

El equipo de abogados de Milagro Sala había advertido que en el nuevo juicio iniciado contra la dirigente social quedó al descubierto cómo opera la Justicia de la provincia de Jujuy. | Foto: Resumen Latinoamericano

Publicado 20 agosto 2022



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El primer testigo del juicio que inició esta semana en Argentina contra Milagro Sala confiesa que fue obligado a declarar contra la dirigente social.

Una persona que fue llamada en carácter de testigo en el nuevo juicio contra la activista argentina Milagro Sala – que comenzó este jueves – denunció que fue presionada por el Ministerio Público para que se encargara de acusar a la activista.

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El nuevo juicio en el marco de una denuncia original que data del año 2009 y que ya había sido cerrada en 2012, se anunció en marzo pasado cuando un testigo,  identificado como "Pilo Mancilla", se presentó para acusar a la activista de instigar para robar un expediente judicial.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy dio inicio a otro juicio contra la dirigente social Milagro Sala, el abogado Antonio Bellido y el empleado judicial Marcos Romero por la supuesta "sustracción y destrucción" de un expediente de la Justicia provincial en diciembre del 2009.

El nuevo testigo, que declaró este viernes, dijo ante el tribunal oral que la semana pasada fue presionado en nombre del jefe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, funcionario leal al gobernador Gerardo Morales, para que “declare bien” en el caso.

“Declarar bien” significaba, según el mensaje que recibió, comprometer por lo menos a uno de los acusados, Alberto Bellido, que por entonces era abogado de la organización Túpac Amaru.

A cambio le devolverían el trabajo, de donde lo echaron a hace algo más de tres años, y le darían los sueldos no percibidos todo este tiempo. El hombre se llama José Luis Ruiz y hoy vive en situación de indigencia.

El testigo contó las ofertas que recibió por parte de los secretarios de los Fiscales Osinaga y Rondón, Juan Carlos Dávalos y Joaquín Campos, todos a la orden de Sergio Lello Sánchez y los ofrecimientos que le hicieron en este último tiempo para recuperar su trabajo en el Poder Judicial. También se refirió al hostigamiento de la policía de Gerardo Morales.

La líder de la Túpac Amaru participó por videoconferencia al estar convaleciente de un problema de salud; al ser consultada por la jueza del tribunal María Nallar se abstuvo de declarar.

Por su parte, el abogado de Bellido, Juan Cabezas, pidió que se investigue la declaración de Ruiz "ante la posibilidad de una extorsión o un cohecho derivado de un funcionario del Ministerio Público de la Acusación". 

El equipo de abogados de Milagro Sala había advertido que en el nuevo juicio iniciado contra la dirigente social "quedó al descubierto cómo es la operatoria en todos los procesos armados" por la Justicia de la provincia de Jujuy, luego de que en la primera audiencia del proceso un testigo acusara que desde la fiscalía le hicieron una oferta a cambio de vincular a uno de los imputados.

El proceso en cuestión refiere a la supuesta "sustracción y destrucción" de un expediente de la Justicia local en 2009, en el que Sala se encuentra acusada de "determinadora directa" del hecho junto al empleado judicial Marcos Romero, quien, sindican, se habría apoderado del expediente en una acción planeada con la intervención de un tercer acusado, el abogado Alberto Bellido.  

En el marco de este proceso judicial, varios medios de prensa han lanzado varias acusaciones contra Milagro Sala sobre supuesto lavado de dinero.

Sala está presa desde el año 2016 y ha sido acusada de decenas de delitos, algunos de ellos relacionados por  supuestos agravios al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, lo cual ha sido criticado por activistas, organizaciones sociales y grupos de derechos humanos.

En enero de 2019, Sala fue condenada a 13 años de prisión, en el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, por fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 del estado destinados a la construcción de viviendas sociales.


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