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Expertos coinciden en que la pandemia de la Covid-19 ha afectado los derechos de la comunidad LGBTI+.
Este 3 de agosto se cumplen ocho años de la entrada en vigencia de la ley que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Uruguay, en una jornada histórica para el continente americano, convirtiéndose en el segundo país latinoamericano en permitir el matrimonio igualitario después de Argentina.
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Ya desde 2009, Uruguay fue el primer país de la región en permitir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Considerado el país con mayor tolerancia social hacia la comunidad LGBTI de la región latinoamericana, esta efemérides nos permite mirar cuáles son los avances para la comunidad sexodiversa en América Latina durante el último año.
Entre los hitos más recientes se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, acontecida en mayo pasado. La decisión constitucional de aceptar la libertad de matrimonio entre parejas del mismo sexo, se produjo por la acción de inconstitucionalidad presentada en el año 2013 por el abogado y expresidente del Movimiento de Diversidad, Marco Castillo.
En México se continúa avanzando hacia una decisión a nivel nacional y cuenta con varios estados en los que esta práctica goza de legitimidad. De los 32 estados del país, 19 ofician matrimonios entre personas del mismo sexo.
En Colombia, la elección de la alcaldesa Claudia López, abiertamente lesbiana, otorgó más visibilidad a la comunidad LGBTI+ en la nación, aunque durante la pandemia del coronavirus se han denunciado múltiples actos de transfobia.
En enero de este 2020, Chile avanzó en los derechos de la comunidad sexodiversa al lograr la aprobación en el Senado de un proyecto sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención, se dio luz verde a legislar sobre el proyecto.
Ahora la iniciativa debe discutirse en particular para lo cual se abrirá un plazo para presentar indicaciones.
Otro de los hitos de 2020 ocurrió en Argentina, con la derogación de la Resolución 1149/2017, en la cual se disponían los Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTI+.
La ministra argentina de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que la medida tomada era “principalmente una deuda con un grupo importante de personas valientes que necesitan el reconocimiento del Estado. Trabajamos mucho en la tarea de tener la voz de aquellos a quienes el Estado debe garantizarle sus derechos”.
