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25 noviembre 2018
Venezuela: sanciones económicas y manipulación migratoria

La inminente visita de Nicolás Maduro a México ha despertado la ira y protestas no solo de la derecha neoliberal, sino también de algunos sectores al interior de Morena.

Venezuela: sanciones económicas y manipulación migratoria

A pesar de que López Obrador ha dejado claro que todos los presidentes del mundo son bienvenidos, incluido Maduro, llama la atención que la derecha neoliberal y progresía lightberal no hayan protestado por la llegada de Mike Pence, Vicepresidente del principal país violador de Derechos Humanos del mundo (tanto al interior de sus fronteras como en otras regiones del mundo, desde América Latina a Oriente Medio) o de Iván Duque, delfín de Uribe, cuya herencia en Colombia de desapariciones y falsos positivos (más de 5000[1] campesinos asesinados para hacerlos pasar por guerrilleros y cobrar las recompensas) deja más restos humanos en fosas comunes que todas las dictaduras militares del cono sur en conjunto[2]; una Colombia donde hoy, durante el gobierno de Duque, se siguen desapareciendo a decenas de luchadores sociales (más de 150 desde que se firmaron los recientes acuerdos de paz con las FARC-EP).

Nada de lo anterior sucede en Venezuela, cuyo gobierno no tiene bases militares en territorio extranjero, no impulsa golpes de estado ni realiza injerencia política en otros países, y tampoco desaparece líderes sociales; sin embargo, las matrices de opinión que se construyen, sobre todo en torno a 2 ejes, crisis económica y éxodo migratorio, para obligarnos permanentemente a opinar sobre su gobierno.

Hablemos y debatamos entonces, sobre las dos matrices en torno a Venezuela sobre las que personas que nunca han estado en ese país caribeño, que tiene las reservas de petróleo certificadas más grandes del mundo (sumadas a las altísimas reservas de oro o coltán, además de un vínculo sur-sur con China o Rusia), opinan a partir de lo que ven o leen en los medios de comunicación masivos.

No hay ninguna duda de que Venezuela está inmersa en una grave crisis económica. Lo que quizás no es tan conocido es que es resultado de la orden ejecutiva de Obama de marzo 2013 que declaraba a Venezuela “peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Orden que ha permitido un ataque multidimensional a la estructura económica venezolana.

Por un lado, mediante las sanciones económicas que incorporan las cuentas que maneja el gobierno venezolano para sus compras en el exterior a la unidad de investigación financiera que investiga, y bloquea en caso de ser necesario, cuentas del Estado Islámico y otros grupos terroristas. Eso ha permitido, por ejemplo, que bancos como el Citibank hayan bloqueado en septiembre de 2017 la compra de 30.000 unidades de insulina, o que el 18 de mayo de 2018, a 2 días de la elección presidencial, Colombia bloqueará la llegada de 15 contenedores con 25.000 cajas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción, un refuerzo del gobierno venezolano para garantizar la seguridad alimentaria de su población) que contenían 400.000 kilos de alimentos.

Estos son solo dos de las decenas de ejemplos tangibles y concretos de bloqueos de decenas de millones de dólares en compra de alimentos o medicamentos que se pueden encontrar en la web Misión Verdad, uno de los pocos medios donde se pueden encontrar cifras y datos sobre la guerra económica contra Venezuela (http://misionverdad.com).

Y para quien todavía duda de que exista un bloqueo, el Canciller de Brasil admitió[3] recientemente que no pueden pagar una deuda de 40 millones de dólares a la empresa estatal venezolana CORPOELEC (por el suministro de electricidad al estado brasileño de Roraima) debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Este bloqueo tiene dos componentes más. En primer lugar, la operación quirúrgica de las élites económicas estadounidenses por medio de sus calificadoras Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's, colocando la deuda venezolana (igual que hace JP Morgan con el riesgo país) al nivel de países africanos en conflicto bélico. El objetivo es claro: ahuyentar cualquier posible inversión extranjera. Y el circulo iniciado por Obama en 2013 lo cierra este 2018 la administración Trump con sanciones contra PDVSA con otro objetivo nítido, reducir la capacidad de ingreso de un país que vive y se mueve a partir de la renta petrolera.

A esta matriz mediática contra Venezuela debemos sumarle la del llamado “éxodo migratorio”. Mientras periodistas estrella de Televisa se van a la frontera venezolana a mostrarnos la realidad fronteriza, ningún medio va a la cercana Honduras a realizar un reportaje que explique por qué miles y miles de hermanos centroamericanos huyen de su país con solo una mochila en la espalda, atravesando ríos, montañas y países enteros, arriesgándose al secuestro y asesinato en las vastas zonas del territorio mexicano controlado por las mafias criminales y el narco.

Un dato, mientras que la migración hondureña pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos, víctimas directas de la doctrina del shock neoliberal, la mayor parte de la población venezolana que migra (52%), según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI)[4], pertenece a las clases media-alta y alta. El 82% de las y los migrantes afirma hacerlo en la búsqueda de “mejores perspectivas económicas”.

Es por tanto mentira que la migración venezolana se deba a cuestiones políticas (son muy poquitas peticiones de asilo y refugio las concedidas por los países miembros del beligerante Grupo de Lima). La población migrante venezolana lo hace por motivos económicos, buscando un futuro mejor, algo tan digno y legítimo como cuando lo hacen más de 20 millones de personas en México y Colombia.

En definitiva, ojalá que la visita de Nicolás Maduro a México nos ayude a debatir la realidad venezolana de manera objetiva, tomando distancia del ruido mediático producido por intereses geopolíticos.


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Perfil del Bloguero
Tiene un diplomado en Políticas Públicas. Exasesor del Viceministerio de Planificación Estratégica, de la Unidad Jurídica Especializada en Desarrollo Constitucional y de la Cancillería de Bolivia. Ha coordinado las publicaciones "Transiciones hacia el Vivir bien" y "Un Estado muchos pueblos, la construcción de la plurinacionalidad en Bolivia y Ecuador". Es miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad.
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