El desarrollo político de distintos países de la región latinoamericana en el siglo XXI ha generado una serie de transformaciones políticas que se han plasmado en un  nuevo orden constitucional. Esto quiere decir, que en esas naciones de nuestra América se han realizado una serie de reformas de profundo carácter político y social, las que han llevado a la creación de nuevas constituciones nacionales.

En ese proceso resalta el caso más reciente como es el de la República de Chile. Ahí en gran medida ha existido un orden político-constitucional heredado de la dictadura pinochetista que suprimió la participación y el desarrollo de la democracia electoral  y participativa. En el país que gobernó el presidente Salvador Allende y que fue derrocado por el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, hoy comienza a construir una nueva ruta. En el momento actual la correlación de fuerzas en la nación austral ha sido favorable para los sectores populares, al lograr organizarse e imponer la formación de un constituyente que concluyó su labor con la propuesta de una nueva Carta Magna que se someterá a un plebiscito de todo el pueblo chileno el 4 de septiembre del 2022.

Si la correlación de fuerzas sigue siendo favorable para los sectores populares y medios chilenos en los inicios del mes de septiembre, seguramente se impondrá ese nuevo orden constitucional donde imperará una serie de transformaciones para beneficio de la mayoría del pueblo. Destacan en ello la formación de una democracia paritaria, un Estado plurinacional e intercultural, a la vez un régimen social y democrático de derecho que permita garantizar sobre todo a los grandes núcleos de trabajadores una justa pensión, un sistema de salud mucho más incluyente entre otras medidas que figuran en la nueva Constitución de Chile.

Sin duda un gran paso en esa dirección han sido una serie de transformaciones en el desarrollo de la democracia electoral, tal como fue el triunfo a la Presidencia de Gabriel Boric. El candidato de la coalición de las izquierdas, Apruebo Dignidad, se impuso en la segunda ronda electoral del 19 de diciembre del 2021, llegando a obtener casi el 56 por ciento de los votos. Al ser el candidato más joven de la historia chilena (36 años)  y contar con la mayoría de los jóvenes, de los trabajadores, campesinos, sectores populares y minorías étnico-culturales, se refrendó el carácter popular del movimiento antidictatorial y antineoliberal chileno. Esa acumulación de fuerzas y la elevación de la conciencia organizada en grandes contingentes sociales, contribuyó a que la propuesta de la nueva Constitución chilena dé un brinco en la historia de esa nación y se sume al torrente del nuevo orden constitucional latinoamericano.

En otros países donde también se ha dado una regeneración constitucional se puede ubicar a Cuba, donde el 10 de abril de 2019 también se modificó la nueva Constitución que sustituyó a la que se había aprobado en 1976.  Así, en ese nuevo orden constitucional cubano, se ratificó el carácter socialista de esa formación económico-social, aprobada por casi el 87 por ciento de los votos a favor, a pesar de padecer por más de seis décadas el criminal bloqueo económico de los EU. Lo que confirma la tenaz resistencia antiimperialista de la mayoría del pueblo cubano, heredero del ideario de José Martí y Fidel Castro.

En nuestros días la nación cubana también ha padecido una de las más graves tragedias como  fue el incendio de cuatro grandes tanques de combustible (crudo y gasolina) en la zona industrial de la ciudad de Matanzas. Destacan en esa área siniestrada, la ayuda fraterna que han brindado algunos gobiernos latinoamericanos, como los de México, Venezuela y Perú. Así como Rusia y la República Popular China, y paradójicamente el mismo ofrecimiento de Washington de brindar asesoría técnica.

Otras constituciones que en el siglo XXI se habían aprobado como parte del nuevo orden han sido la de Ecuador (durante el gobierno del presidente Rafael Correa), que fue aprobada el 20 de octubre de 2008. Ese nuevo orden constitucional fue aprobado con casi el 64 por ciento de votos, el que logró modificar la Constitución establecida en 1998. Así, se logró conquistar grandes avances, estableciendo un “Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.

En el caso de Bolivia, entró en vigor la nueva Constitución política el 7 de febrero de 2009. El gobierno del primer presidente indígena de ese país sudamericano (Evo Morales), su población mayoritaria corresponde a lo que el gran Libertador (Simón Bolívar) caracterizó como “los legítimos propietarios de estas tierras”, ellos generaron una nueva hegemonía que sustituyó a la Constitución de 1967, establecida por el gobierno golpista del general  René Barrientos Ortuño. Así, se establecieron una serie de derechos antes negados y que brindaron pleno reconocimiento a las comunidades indígenas, como diversos cambios en la autonomía y organización territorial, se prohibió el latifundio, se fortaleció la propiedad estatal de los recursos naturales y se estableció entre otros logros políticos un mandato democrático de cinco años con la posibilidad de la reelección.

La nueva Constitución venezolana que inició toda esta serie de transformaciones de las cartas magnas en la región fue la establecida el 20 de diciembre de 1999 y con el referéndum del 15 de febrero de 2009. Con ello nació lo que hoy conocemos como la República Bolivariana de Venezuela, donde se consagró el respeto a la soberanía nacional, se estableció en la Carta Magna el derecho a la democracia participativa aspecto medular del nuevo orden político de la Revolución Bolivariana. Lo que sin duda fortaleció y permitió profundizar y dar continuidad a los gobiernos revolucionarios de Hugo Rafael Chávez Frías y Nicolás Maduro. Con ese nuevo orden constitucional quedó cancelada la Constitución de 1961.

Sin duda en el escenario latinoamericano, han figurado otros gobiernos de carácter popular, revolucionarios y progresistas, orientados política e ideológicamente en la izquierda. Sin embargo, todavía por diversas condiciones políticas no han logrado generar un nuevo orden constitucional. Ya sea por su escaso margen de diferencia con los grupos y sectores de poder de las oligarquías locales, así como por el peso que todavía detentan los sectores medios conservadores y los partidos tradicionales. Tal como es el caso de Perú. Ahí el gobierno del presidente Pedro Castillo, no ha tenido una correlación de fuerzas favorable que le posibilite establecer un nuevo orden constitucional. Por el contrario ha enfrentado fuertes presiones e intentos de golpes blandos por los sectores de la derecha  peruana.

En el caso de México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, si bien tiene un amplio consenso en la población que rebasa el 60 por ciento de aceptación. Sin embargo, por el orden establecido en la legislación nacional, la oposición se encuentra legitimada en el Congreso para detentar un gran poder donde imperan las minorías partidarias. Lo que impiden cualquier cambio constitucional por no contar los partidos de la Cuarta Tranformación (Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Morena) con la mayoría calificada. Esa estructura del poder legislativo y las alianzas de los partidos de la derecha (PRI, PAN y PRD) han logrado impedir algunas modificaciones sustanciales en la Constitución para generar nuevas reformas sociales, políticas y económicas a favor de las grandes mayorías del pueblo mexicano.

En el caso de Colombia, el ascenso de Gustavo Petro a la Presidencia sin duda abre nuevas perspectivas. Sin embargo, en un país dominado por la vieja oligarquía y su alianza con la Casa Blanca, hacen que en un lapso de cuatro años de gestión presidencial, resulten pocos para poder modificar el orden constitucional. Si en ese corto tiempo el gobierno logra crecer la acumulación de fuerzas del bloque progresista, podríamos pensar que se oriente  en ese sentido un nuevo orden constitucional. Esa situación en muy semejante en Honduras, donde el gobierno de Xiomara Castro tiene como perspectiva cambiar una Constitución pétrea, la cual ella misma prohíbe cualquier tipo de modificación.

Así, el reto de las fuerzas del movimiento progresista latinoamericano en el momento actual, ha mostrado que van cobrando tal fuerza que la transformación del orden constitucional es la ruta que siguen los pueblos de la región. Su avance es cada vez más evidente en el sendero de la formación de nuevas constituciones, tal como lo apuntaba el presidente Salvador Allende en sus últimas palabras transmitidas en Radio Magallanes aquel 11 de septiembre de 1973: “Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”.